Algunos de los usuarios de las polémicas tarjetas black de Caja Madrid recurrieron a expertos para tratar de demostrar que este sistema de pago formaba parte de su contratos laborales y, por tanto, de su salario, por lo que no tenían límites para ser usadas a cualquier hora, incluso en festivo. Es lo que defienden el experto en Derecho Financiero y Tributario Ramón Falcó y el catedrático emérito de Derecho del Trabajo Alfredo Montoya, ambos de la Universidad Complutense de Madrid, en los informes que han realizado a petición de los exconsejeros de Caja Madrid Alberto Recarte y Luis Gabarda.

Según sus escritos, aportados ya a la causa que instruye el juez Fernando Andreu y a los que tuvo acceso Efe, las tarjetas fueron un instrumento puesto en marcha por la entidad en 1988, bajo la presidencia de Jaime Terceiro, para compensar el ejercicio de la función de consejero.

Falcó subraya que los cargos de las tarjetas de los consejeros no ejecutivos, como Recarte, que gastó 139.900 euros con su tarjeta black y pidió a Caja Madrid el ingreso en efectivo de los 12.000 euros en los que estaba valorado un reloj que recibió como obsequio, se contabilizaron correctamente en la cuenta "619202Órganos de Gobierno Mayo88". Este catedrático precisa que las cantidades cargadas estuvieron sujetas a IRPF, si bien no dispone de datos que confirmen que se aplicaron correctamente por parte de Caja Madrid. No obstante, asegura que la entidad dedujo en el Impuesto de Sociedades estos gastos entre 2003 y 2010 y la Agencia Tributaria, en la Inspección culminada en 2013, aceptó la deducción de 2004 a 2006.