El Consejo de Ministros aprobó ayer modificar la ley para penalizar en la concesión de los contratos públicos a las empresas que incumplan los plazos legales de pago a los proveedores. Por ley, las empresas están obligadas a pagar a sus proveedores en un plazo de 60 días, de 30 cuando la relación es entre la Administración y las empresas. La modificación prevé que se exija a quienes opten a un contrato público que haya cumplido ese plazo.
