Los funcionarios de la Xunta recuperarán en 2016, dos años antes de lo inicialmente previsto por el Gobierno autonómico, toda la paga extra suprimida por el Gobierno central en la Navidad de 2012. La Administración autonómica ya reintegró el 25% de esta paga y antes de que acabe 2015 se abonará otro tanto. Según anunció ayer el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, el 50% restante se pagará el próximo año y no de forma escalonada hasta 2018, como había previsto inicialmente. Se beneficiarán de este cambio de decisión 100.000 empleados, incluyendo el personal de las universidades y de centros concertados, que recibirán este año 800 euros, cifra que se elevará a 1.600 euros en 2016, coincidiendo con el final de la legislatura y la convocatoria de las elecciones autonómicas. Esta medida supondrá un desembolso para las arcas públicas de 200 millones de euros.

"Esta devolución demuestra una vez más que la gestión responsable, a la larga, siempre produce beneficios", se complació Feijóo ayer tras el Consello de la Xunta, que sin embargo dejó claro que no abonará lo adeudado a los empleados públicos por el complemento específico que les fue retirado en 2013 y que supuso que los funcionarios dejasen de cobrar entre 2.300 y 9.000 euros en tres años. El sindicato CSI-F calculó que estos complementos menguaron las dos extras que cobran los empleados públicos gallegos un 40%.

La paga de Navidad fue suprimida en 2012 por el Gobierno central dentro de los recortes acometidos en las cuentas públicas como consecuencia de la crisis económica. Al año siguiente la Xunta también metió la tijera al sueldo de los funcionarios al actuar sobre los complementos específicos, competencia de las comunidades, y reducir de media un 4% sus retribuciones anuales.

Tras acordar el Gobierno la devolución íntegra de la extra suprimida en enero de 2016, la Xunta convocó a los sindicatos (el lunes y martes pasado) para anunciarles la apertura de una negociación para fijar el calendario de reintegro en Galicia de esta paga, pero ni el conselleiro de Facenda el lunes ni el director xeral de Función Pública, el martes, concretaron que la devolución del 50% se realizaría en 2016, un anuncio que el presidente se reservó para ayer, tras la reunión del Consello de la Xunta. La Lei de Emprego Público, según explicó ayer Feijóo, establecía cuatro años para la recuperación de esta remuneración. "Ahora vamos a reducirlo a dos", presumió el mandatario gallego.

El reintegro de la extra había empezado a hacerse efectivo este año. Durante el primer semestre los funcionarios de la Xunta cobraron ya 400 euros, el 25%. Y ahora, antes de diciembre, se abonarán otros 400 euros, de manera que al finalizar el año habrán recibido 800 euros. Para ello tendrá que aprobarse en el Parlamento un proyecto de ley al que ayer dio el visto bueno el Consello de la Xunta. "Se tramitará por la vía de urgencia y, tan pronto se apruebe, en la nómina del mes siguiente ya se abonará el otro 25% de la extra", explicó Feijóo.

Y el próximo año se pagarán los 800 euros restantes, aunque todavía no se concretó la forma de pago, si será mediante un único reintegro o varios, ni tampoco las fechas para hacerlo efectivo. "Tendremos que hablar con los sindicatos y exponerles el impacto que la medida tendrá para la tesorería de la Xunta", advirtió el presidente gallego.

En cuanto al complemento específico retirado por el Gobierno gallego, Feijóo dejó claro que no se devolverán los atrasos que dejaron de pagarse en los últimos años, pero que "a finales de 2016 o principios de 2017" se restituirá esta parte del salario a los funcionarios, lo que supondrá desembolsar otros 60 millones de euros más. Precisamente el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, aseguró el martes en su reunión con CCOO, CSI-F, UGT y CIG que la inclusión de esos complementos en las nóminas no se produciría antes de 2017 o 2018, tal y como adelantó este periódico el miércoles.

Feijóo defendió que la Xunta podrá devolver las retribuciones recortadas a sus empleados porque existe "disponibilidad presupuestaria" y "cumple el déficit". Y defendió además que gracias a la contención del gasto la Administración autonómica no tuvo que aplicar medidas más duras sobre su plantilla. Así explicó que durante estos años no hubo despidos, ni se redujo la jornada de los interinos y además se mantuvo estable el número de funcionarios.