Los administradores y liquidadores de Martinsa Fadesa acordaron con los representantes de su plantilla ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a los 69 trabajadores que todavía tenía en plantilla el grupo inmobiliario, actualmente en liquidación.
El personal, principalmente dedicado a tareas administrativas, ya ha empezado a abandonar la empresa tras el pacto entre los administradores y los representantes sindicales, que acordaron una indemnización de 33 días por año trabajado con un tope equivalente al salario de 20 meses o 160.000 euros. El ERE fue negociado durante el mes de julio y aprobado el pasado agosto por el titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, el mismo que se hizo cargo del concurso de acreedores del grupo creado en 2007 tras la fusión de la firma de Fernando Martín Martinsa y Fadesa, fundada por Manuel Jove. Martín adquirió la inmobiliaria por 4.000 millones y al año de la operación protagonizó la mayor suspensión de pagos de la historia de España, en marzo de 2008.
El grupo consiguió salir de esta situación tres años después con un convenio que no preveía quitas y la devolución de la deuda, de más de 7.000 millones de euros, en un plazo máximo de un año. Martinsa Fadesa afrontó el primer y segundo pago pero ni el tercero ni el cuarto, pese a que los primeros eran los de menor cuantía de los previstos en el convenio de acreedores. El juez la declaró en liquidación en marzo.
De los 69 trabajadores, 33 ya han dejado la empresa y el resto la irá abandonando de aquí a finales de 2017, según publicó ayer el diario económico Cinco Días. La firma ha empezado a vender su patrimonio para abonar las indemnizaciones y hacer frente al pago de su deuda. Martinsa Fadesa acaba de iniciar el proceso de liquidación al sacar a la venta de 33 lotes de activos de viviendas, plazas de aparcamiento, locales y terrenos.
Las últimas cuentas presentadas por Martinsa Fadesa admitían un agujero de 4.600 millones de euros, unos activos valorados en 2.392 millones y una deuda de 6.995 millones, 3.200 de ellos, con la banca, que se negó a refinanciarla después de que la inmobiliaria incurriese en el impago de los primeros plazos del convenio.
