La banca española tendrá que tributar por 419 millones de euros para poder computar como capital de máxima calidad activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) por valor de 28.000 millones, un pago que deberá realizarse a partir de 2016 y que los bancos sólo tendrán que abonar si quieren computarlos como capital de máxima calidad. El Gobierno aprovechará los presupuestos de 2016 para modificar el tratamiento fiscal de los DTA.