La incertidumbre en la que vive la plantilla de la fábrica coruñesa de Alcoa se coló ayer en el Parlamento, que aprobó por unanimidad una propuesta de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) para exigir a la multinacional aluminera estadounidense el mantenimiento de la actividad en A Coruña y los 400 empleos directos que actualmente genera la planta.
La de Alcoa fue de hecho una de las ocho propuestas que recibieron el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de las 50 iniciativas que fueron aprobadas en la última jornada del Debate sobre el Estado de la Autonomía.
El texto redactado por AGE solicita a la Xunta que haga valer "sus capacidades en colaboración con el Ministerio y la empresa" para dar una solución de futuro a los trabajadores, año tras año pendientes de una amenaza de cierre que, en buena medida, depende de los incentivos eléctricos que consiga la multinacional del aluminio por estar dispuesta a reducir o cesar su consumo eléctrico en caso de emergencia (interrumpibilidad).
El Parlamento reclama la "definición de un plan industrial que garantice las inversiones necesarias con la colaboración de la Xunta para concretar un nuevo sistema estable de precios que favorezca la continuidad de las empresas que son grandes consumidoras de energía eléctrica". Los trabajadores coruñeses de la aluminera han reconocido en diversas ocasiones que la empresa apenas ha invertido en la planta de A Grela en los últimos años, lo que habría repercutido en una mejora de la competititvidad del recinto.
La interrumpibilidad es un instrumento de gestión de la demanda pensado para evitar los apagones, cada vez menos frecuentes. En su última etapa al frente del Gobierno, el PSOE modificó la forma de gestionar esta suerte de prima para las grandes industrias, con un consumo eléctrico intensivo.
El cambio se produjo tras la eliminación de la tarifa eléctrica para grandes consumidores, que encareció los precios de la electricidad. El Gobierno creó entonces un sistema dual de reparto de estas bonificaciones; para grandes empresas y pymes que perjudicó a Megasa Siderúrgica, de Narón, que finalmente se vio obligada a reducir un tercio su plantilla y producción. Con la llegada del PP al Gobierno, se instauró un sistema de subastas de bloques de potencia interrumpible.
Las dos pujas celebradas con este nuevo sistema impidieron a Alcoa obtener la suficiente potencia e incentivos para hacer que su planta de A Coruña y otra de Avilés, de similares dimensiones, fuesen competitivas. De ahí que ambas estén amenazadas de cierre desde que el año pasado Alcoa llegó a plantear un ERE para toda su plantilla y forzó así la celebración de una subasta de repesca que satisfizo mínimamente sus necesidades.
Tras la celebración de la puja de este año, el pasado mes de septiembre, Alcoa, de nuevo insatisfecha, guarda silencio sobre el futuro de A Coruña y Avilés, aunque ha asegurado a sus trabajadores, de momento, que estarán operativas hasta el año que viene.
