La parálisis en la negociación del convenio colectivo del sector del metal en A Coruña provoca que unos 20.000 trabajadores de la provincia coruñesa se encuentren con el salario congelado desde finales de diciembre del año pasado, cuando caducó el anterior convenio. Pese a que sindicatos y patronal constituyeron en septiembre de 2014 la mesa negociadora para renovar el acuerdo sectorial, este órgano solo se reunió una vez desde entonces, en mayo pasado, un encuentro que consistió únicamente en "una toma de contacto". De hecho, el sindicato CIG denuncia la falta de interés de la patronal en abordar la negociación porque, explica, con la aprobación de la reforma laboral en 2012 los convenios no tienen carácter retroactivo sino que entran en vigor al día siguiente de ser firmados o de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), un retraso que beneficia a las empresas, que no tienen que abonar la subida salarial pactada en el periodo que va desde la extinción del anterior convenio hasta la firma del nuevo. Esto supone que aunque en los próximos meses patronal y sindicatos del metal de A Coruña pacten una subida salarial para 2015, la medida solo surtirá efecto en el periodo que reste para acabar el ejercicio, uno o dos meses.

La situación en el resto de provincias gallegas es similar o incluso peor, sin avances en las mesas del metal, por lo que la CIG decidió convocar una manifestación para mañana en Santiago en la que demandará la negociación de un convenio sectorial de ámbito autonómico. La protesta, en la que participarán delegados sindicales y miembros de los comités de empresa de las firmas del sector, saldrá a las 11.00 horas de la Alameda en dirección a la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), donde los representantes sindicales entregarán un escrito para pedir a la patronal gallega que inste a las asociaciones del sector a "desbloquear" la situación. Tras depositar el documento, la manifestación seguirá hasta la sede del Consello Galego de Relacións Laborais, donde los convocantes entregarán otro escrito instando al organismo dependiente de la Xunta a que exija la reactivación de las negociaciones y que apueste por la creación de un convenio del metal de ámbito autonómico. Un acuerdo que permitiría unificar las condiciones laborales, salariales y sociales de todos los trabajadores del sector, unos 52.000 en Galicia de actividades tan dispares como el naval, los talleres de reparación de vehículos, fontaneros, electricistas, carpinterías de aluminio o empleados de firmas auxiliares de grandes grupos como Alcoa o la refinería coruñesa de Repsol.

La situación de los convenios provinciales del metal de Lugo (que ampara a 3.500 trabajadores) y Ourense (4.700) es incluso peor que la de A Coruña. Los empleados permanecen con los sueldos congelados desde 2012, cuando finalizó el anterior convenio, y desde entonces las mesas de negociación solo se convocaron en un par de ocasiones a petición de los sindicatos. Los representantes de la CIG denuncian el "pasotismo total" de las patronales de las dos provincias, que dan "constantes negativas" a la petición de negociar un nuevo convenio para garantizar que los trabajadores recuperen su poder adquisitivo y mejoren sus condiciones laborales. "No hubo ningún gesto siquiera para sentarse a negociar", denunció el secretario nacional de CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas, durante su comparecencia de ayer para informar sobre la protesta de mañana.

En el caso de Pontevedra, sí hubo negociaciones -unos 16 encuentros- pero actualmente están bloqueadas. Los representantes del sindicato nacionalista aseguran que los empresarios quieren "imponer la reforma laboral" en el nuevo convenio pontevedrés (que ampara a 24.000 profesionales) con la intención de que sirva de "avanzadilla" para el resto de provincias y provoque "un importante retroceso en derechos reconocidos hace años". En cuanto a la subida salarial, plantea un 0,5% para este año y a aplicar desde que se firme el convenio y un 0,75% en 2016, incrementos que la CIG considera "irrisorios". De hecho, la propuesta está muy por debajo de las subidas pactadas por las patronales y sindicatos nacionales en el acuerdo de negociación colectiva para 2015 y 2016, que prevén un alza salarial del 1% este año y de hasta el 1,5% el próximo.

El inmovilismo de los últimos años, lamenta Bouzas, provocó un aumento de las diferencias salariales en la comunidad entre trabajadores del mismo sector. Los sueldos de los profesionales de Lugo y Ourense están cada vez más lejos -a la baja- de los de A Coruña y Pontevedra, lo que, denuncia el sindicalista, fomenta la "competencia desleal" en el sector. "Muchas empresas se están aprovechando de que en Lugo y Ourense el coste laboral es más bajo para hacer sus contratas en estas provincias", explica Bouzas.

La creación de un convenio de ámbito autonómico, sostiene la CIG, acabaría con esta situación, "evitando la discriminación entre unos trabajadores y otros". El acuerdo gallego también frenaría el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores al impedir que las empresas negocien convenios propios con condiciones inferiores a las del sector. "Antes de la reforma laboral el convenio provincial era el mínimo de referencia. Ahora, sin embargo, se puede negociar por debajo. La aprobación de un convenio gallego impediría esa negociación porque no se pueden rebajar las condiciones de un acuerdo sectorial de ámbito autonómico", explicó Bouzas. "Hablamos de un grupo de trabajadores muy importante y las posibles subidas salariales repercuten también en la recuperación económica del país", resalta el sindicalista de la CIG.

Precisamente, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, recibió ayer al secretario xeral del sindicato nacionalista, Suso Seixo, y al secretario confederal de Emprego, Miguel Malvido, para analizar posibles medidas para fomentar la creación de empleo estable y de calidad en Galicia.