El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno formalizó ayer la comunicación al consorcio automovilístico Volkswagen de su imputación por el trucaje de determinados motores diésel. En concreto, el representante designado por la compañía en la causa será Luis Comas, director jurídico y secretario del consejo de administración de Seat-Volkswagen en España, mientras que el abogado será Luis Jordana de Pozas, según informaron fuentes judiciales.

El procedimiento al que estaba convocada ayer la compañía representa un trámite con el cual Volkswagen pasa a estar imputada formalmente en la causa. En declaraciones a la prensa tras recoger la imputación, el vicepresidente de relaciones gubernamentales e institucionales de Seat y Grupo Volkswagen en España, Ramón Paredes, señaló que la compañía se ha puesto "a total disposición de las autoridades, como siempre, colaborando estrechamente con ellas".

Además, Paredes, que afirmó que la investigación está en marcha y no se puede por tanto facilitar "ningún dato", aseguró que la "primera prioridad" para el consorcio automovilístico "son los clientes".

Mientras, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, exigió a Volkswagen que clarifique en un plazo de 10 días qué modelos están afectados por las nuevas irregularidades en las emisiones de CO2. En una carta dirigida al presidente de la junta directiva de Volkswagen, Matthias Müller, el comisario europeo le insta a presentar la documentación solicitada en un plazo máximo de 10 días para acelerar el procedimiento, explicó la portavoz comunitaria Anna-Kaisa Itkonen en la rueda de prensa diaria de la CE.

Pese a que la compañía cifró en alrededor de 800.000 los vehículos afectados del grupo -que engloba a Audi, Porsche, Seat, Skoda, Ducati, MAN, Bugatti, Lamborghini, Scania y Bentley- aún no especificó los modelos que presentan emisiones fraudulentas de CO2.

Sobre posibles sanciones a Volkswagen desde Bruselas, la portavoz reiteró que, antes de tomar decisiones, la CE esperará a que la compañía actualice sus cifras y clarifique el alcance total de estas nuevas irregularidades.

Itkonen explicó que la misiva de Arias Cañete se envió en el contexto de los controles que el Ejecutivo comunitario realiza anualmente sobre las emisiones de CO2, unos análisis que ya están en marcha.