La resolución se produce después de que el Ayuntamiento de Landau (Alemania) excluyese en 2013 a la empresa RegioPost de la participación en un procedimiento de contratación pública porque no había declarado que se comprometía a pagar un salario mínimo al personal que realizaría el trabajo en caso de ser el adjudicatario.
El anuncio y el pliego de condiciones aludían a una Ley del Land de Renania-Palatinado donde está este ayuntamiento que obliga a que en contratos públicos las empresas y subcontratas paguen al personal un salario mínimo de 8,70 euros brutos por hora.
La empresa presentó un recurso contra su exclusión al entender que existía una directiva europea que permite este tipo de exigencias en los contratos. Ahora el Tribunal Europeo resuelve que esta directiva no colisiona con la norma del ayuntamiento de Landau.
