Una familia con un consumo medio paga ahora por el recibo de la luz un 83,2% más que en 2003, según una estimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que viene a certificar que el suministro de electricidad se ha encarecido como pocas cosas en España en este tiempo y, también, que continúa haciéndolo en la actualidad.

El organismo echa cuentas del precio que abona un hogar acogido a la tarifa regulada (ahora llamada precio voluntario al pequeño consumidor, PVPC), con una potencia contratada de unos cuatro kilovatios y un gasto de 210 kilovatios/ hora al mes. Y analiza la evolución de la factura en los últimos doce años y también en el último cuatrienio, el correspondiente al mandato del actual Gobierno. Los resultados se explican a continuación:

EDesde 2003. Entre 2003 y 2011, periodo que comprende el último año de Gobierno de José María Aznar (PP) y los dos mandatos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el precio del kilovatio para una familia media pasó de 13 a casi 22 céntimos. Este incremento, cercano al 70%, coincidió con la expansión del gasto en incentivos a las energías renovables y con la aparición de un gran agujero económico en el sistema eléctrico por el desfase entre costes e ingresos. El último Ejecutivo de Zapatero emprendió los primeros ajustes para contener el llamado déficit tarifario.

EDesde 2011. Con el regreso del PP a la Moncloa, se adoptaron nuevas reformas para frenar el explosivo crecimiento del déficit, cambios que incluyeron subidas en el recibo para los consumidores y recortes de retribuciones a productores y distribuidores. Según las estimaciones de la CNMC, tras esas políticas el precio de la luz subió un 7,47% en 2012, bajó en 2013 (-1,96%) y en 2014 (-0,21%), y volvió a encarecerse en 2015 (4,84% hasta septiembre. La variación agregada de la factura con el actual gobierno ha supuesto una subida del 10,3%, según los técnicos de la citada comisión.

El mismo informe revela cómo en los últimos cuatro años se ha acentuado la carga correspondiente a los impuestos y los costes regulados por la Administración (peajes), que en conjunto representan ya casi el 79% de la factura, cuando en 2011 suponían el 60%. En ese tiempo, aumentó la importancia del dinero que, a cuenta de los consumidores, se destina a amortizar la deuda eléctrica contraída sobre todo en la década anterior a 2011. Descendieron en cambio los fondos destinados a las energías renovables.

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