Las principales compañías eléctricas que operan en Galicia firmaron ayer con la Xunta un convenio por el que se comprometen, en determinados supuestos, a no cortar el suministro de la luz a las familias "más vulnerables" por impago puntual del recibo. La medida va destinada a aquellos hogares que ingresan menos de 532 euros mensuales y que por falta de recursos económicos no pueden abonar la factura. En estos casos, será el Gobierno gallego quien asuma el pago del recibo, pero por un tope de 200 euros y como máximo dos meses, para lo que ha reservado 600.000 euros en los presupuestos del próximo año.
A la firma asistieron el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el conselleiro de Economía, Francisco Conde, y representantes de Gas Natural Fenosa, EDP, Viesgo, Iberdrola, Endesa y CIDE. Del contenido de la reunión dio cuenta el titular de Economía, quien destacó que el protocolo firmado es una "iniciativa pionera" que supondrá que ningún hogar gallego "se pueda quedar sin suministro eléctrico por impago de un recibo de la factura de la luz".
Los posibles beneficiarios de esta iniciativa, incluida dentro del plan social de la Xunta contra la desigualdad, serán las familias con ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), situado en 532,51 euros mensuales -casi 6.400 euros al año-, que podrán solicitar la ayuda de la Administración autonómica cuando, "por circunstancias puntuales, no puedan hacer frente al pago del recibo eléctrico", y de este modo evitar la interrupción del suministro.
Según detalló el conselleiro de Economía, en adelante el aviso de corte que se envía a los hogares en caso de impago irá acompañado de información sobre esta nueva ayuda, de forma que los consumidores podrán ponerse en contacto con la Xunta para frenar el proceso.
"Nosotros automáticamente comunicamos a la comercializadora que, en caso de que se cumplan los requisitos, no proceda al corte", señaló Francisco Conde. Y las condiciones son que en ese hogar no se superan los 6.390 euros de ingresos anuales. A partir de ahí, prosiguió, la Administración abona la factura "en el plazo de un mes", hasta un máximo de 200 euros; mientras que, si el corte ya se produjo, también asume el recibo y pide a la empresa el restablecimiento de la energía en un plazo de 24 horas. "La ayuda está vinculada a un máximo de dos mensualidades, en uno o en dos recibos, con una dotación máxima de 200 euros", relató el conselleiro.
Esta prestación se podrá solicitar a partir del próximo mes de enero, para poder cubrir ya los costes del suministro de noviembre y el actual diciembre. La ayuda se tendrá que pedir por vía telemática y el Gobierno gallego pagará directamente a la compañía suministradora.
Francisco Conde indicó que esta medida se complementa con el llamado ticket eléctrico, que "ya beneficia" a casi 3.000 familias desde su puesta en marcha. Se trata de una ayuda directa para el pago de las facturas que reciben directamente los hogares. Y aunque la Xunta calculaba en 40.000 los posibles beneficiarios de esta línea de prestaciones, al final no se superó ni el 10%.
Con estos precedentes, el conselleiro no quiso concretar cuántas familias en Galicia podrían acogerse a esta nueva medida para evitar un corte de luz por impago. Eso sí, afirmó que los 600.000 euros previstos en los presupuestos podrían ser ampliados en caso de que "haya más necesidad".
También aseguró que la Xunta tratará de hacer "un seguimiento" de los consumidores "más vulnerables" a través de los servicios sociales, al objeto de poder "atender sus necesidades" en un campo más amplio que el pago de las facturas eléctricas. Por su parte, en virtud del convenio firmado ayer, las comercializadoras de electricidad se comprometen a "asesorar" a los consumidores en medidas de "eficiencia energética" para que puedan ver reducidos sus recibos y, así, "adelantarse" a eventuales cortes futuros.
Preguntado sobre la firma de este protocolo en plena campaña electoral, Conde lo desvinculó de la cita con las urnas del próximo domingo y explicó que se trata de un procedimiento administrativo regulado.
