Los miembros de la excúpula de Caixanova, entre ellos el expresidente de la entidad viguesa y posteriormente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y el exdirector general, José Luis Pego, defendieron el pasado martes ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que la concesión de un crédito inmobiliario de 67 millones para la adquisición de terrenos en el municipio de Rivas-Vaciamadrid fue "correctísima", estuvo "controlada" por toda la estructura de la caja y veló en todo momento por el interés de la entidad financiera.

La operación acabó en 2010 con la dación en pago de las fincas al entrar en crisis dos de los prestatarios como consecuencia de la crisis económica y que los exdirectivos de la entidad consideraran que esta era la salida más ventajosa para la entidad gallega, según informaron fuentes jurídicas.

Precisamente, la juez Lamela cerró ayer los interrogatorios de los últimos nueve exresponsables de la extinta Caixanova y de varias sociedades inmobiliarias por las supuestas irregularidades de una operación urbanística, por valor de 67 millones de euros, en Madrid.

La magistrada tomó declaración ayer a los entonces vocales de la comisión delegada de la entidad gallega Marta Gutiérrez Mediero, Juan Ramón Iglesias Álvarez, José María Sanmartín Otero y José Taboada López. Comparecieron también José Luis Suárez Gutiérrez, socio y administrador de Suarte Inversiones y Legio Auriense, integradas en Proseinga Gestión; Alfredo Blanco López, director financiero del grupo Copasa; Miguel Pérez de Juan Burgos, administrador de Inversiones Rivapron; Antonio Gorriarán Laza, consejero delegado de Proseinga Gestión y administrador único de las empresas Gorrigeve y Begorrier; y Florencio Antonio Palomino Moreno Manzanero, presidente de Imasatec.

Lamela tiene pendiente de interrogar al exdirectivo Alfonso Zulueta de Haz, cuya declaración no se producirá por ahora por problemas de salud, tras haber concluido la ronda de interrogatorios de la quincena de investigados por delitos de administración desleal y apropiación indebida que fueron denunciados por la Fiscalía Anticorrupción.

Esta operación, que habría producido un perjuicio patrimonial a Caixanova, actualmente integrada en el grupo Abanca, y a la financiera inmobiliaria Proinova, fue una de las siete que Anticorrupción investiga después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pusiera en conocimiento una serie de prácticas de la entidad supuestamente irregulares.