El antiguo 'tax lease' sí que era legal

El Tribunal de la UE anula la decisión de Bruselas sobre el anterior sistema fiscal de los astilleros, que estudian reclamar daños y perjuicios por unos 2.500 millones

18.12.2015 | 10:56
Dos operarios de un astillero gallego trabajan en la construcción de un buque.

No hubo trampa ni cartón. El antiguo tax lease, el sistema de arrendamiento fiscal usado por los astilleros españoles para contratar barcos hasta 2011, era perfectamente legal y la Comisión Europea erró al considerarlo una ayuda ilegal de Estado y al exigir a los inversores -como empresarios y bancos- que ayudaron al sector naval a financiar sus operaciones que devolvieran las bonificaciones obtenidas desde 2007. "Las medidas que integran ese sistema [el tax lease] no constituyen una ventaja selectiva", sentenció ayer el Tribunal General de la UE sobre los recursos presentados contra el dictamen de Bruselas por el Reino de España y las sociedades Pymar (que representa a los astilleros privados) y Lico Leasing. El fallo da la razón al Estado español, a los astilleros y a los inversores, y exime a estos últimos de cualquier reembolso.

Los recursos del Estado y de Pymar y Lico Leasing son los primeros de una larga lista de 65 reclamaciones ante el Alto Tribunal de Luxemburgo, que ha sido contundente en su sentencia. Después de analizar toda la documentación, considera que, al no existir ventajas económicas en favor de las AIE (las agrupaciones de interés económico que participaron en las operaciones de tax lease), es errónea la conclusión de Bruselas de que dichas entidades se beneficiaron de una ayuda estatal, puesto que solo los inversores se aprovecharon de las ventajas fiscales y económicas derivadas del sistema español de arrendamiento fiscal (SEAF).

Según el TUE, la CE también erró al declarar que existía una ventaja selectiva y, por tanto, una ayuda estatal en favor de las AIE y de los inversores. "En efecto, cualquier operador podía beneficiarse de las ventajas fiscales de que se trata efectuando cierto tipo de operaciones, que cualquier empresa sin distinción podía realizar en idénticas condiciones", recoge el fallo.

A mayores, el tribunal estima que no está motivada la conclusión de la CE según la cual las medidas controvertidas podían falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre estados miembros.

El pasado 17 de julio se cumplieron dos años de la resolución de la Comisión contra el antiguo tax lease español a raíz de una denuncia de la patronal holandesa de astilleros, a la que posteriormente se sumaron otros países europeos. El ahora excomisario de Competencia y exvicepresidente de la Comisión, el español Joaquín Almunia, fue quien dio a conocer el dictamen: el reembolso de las bonificaciones obtenidas por los inversores que habían participado en las operaciones de tax lease entre 2007 y 2011, al considerar que el régimen español era una ayuda de estado incompatible con las normas comunitarias. El Estado español fue el primero en recurrir, en septiembre de 2013. Le siguieron los astilleros a través de Pymar, el 30 de diciembre.

España esgrimía dos razones para anular la decisión del colegio de comisarios: que el antiguo tax lease no era selectivo, no era exclusivo de la construcción naval, y que se habían violado los principios de igualdad de trato, confianza legítima y seguridad jurídica, fundamentales en la UE.

El sector estudia ahora exigir compensaciones por el bloqueo de la construcción naval española, cuya cartera de pedidos cayó a mínimos históricos y muchas factorías se vieron abocadas al cierre, lo que benefició a los denunciantes, los astilleros holandeses.

Al margen de los recursos de Gobierno y astilleros, inversores de la talla de Inditex, El Corte Inglés, Ikea o la patronal bancaria también reclamaron para frenar la devolución de las bonificaciones fiscales.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, se felicitó ayer por la sentencia, que a su juicio refuerza los argumentos jurídicos que siempre mantuvo España sobre que este régimen era "perfectamente legal y compatible" con el derecho comunitario. Ferre criticó el papel de Almunia, "que se empeñó en considerar que (el tax lease) no era legal" y en asegurar que se trataba de una "ayuda de Estado", lo que obligó a España a retirar dicho sistema, algo que causó un "daño muy importante" en el sector naval, ya que las inversiones que estaban previstas se vieron "perjudicadas". La condena de Bruselas obligó además al Gobierno a modificar el sistema de arrendamiento financiero con el nuevo tax lease, que es el que se mantiene actualmente y que, según Ferre, no se va a modificar por el anterior, dado que el actual está funcionando bien.

Mientras, la CE está examinando la sentencia contra su decisión de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales para decidir los pasos a seguir, incluida la posibilidad de recurso. "La Comisión va a proceder a examinar la sentencia así como sus potenciales implicaciones", indicó ayer la portavoz comunitaria Lucía Caudet, que no quiso dar un plazo exacto del tiempo que podría llevar dicho análisis. Según el TUE, contra sus resoluciones puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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