Tras casi dos años de enfrentamiento judicial, la dirección de la oleirense Hornos Lamastelle y su exgerente han llegado a un acuerdo para enterrar el hacha de guerra. Una indemnización de 30.000 euros y el compromiso de retirar las denuncias que se cruzaron en el otoño de 2013 sirvieron para sellar un compromiso de no agresión que se vio confirmado el pasado septiembre en un auto dictado por el titular del juzgado de lo Social número 3 de A Coruña, Carlos Villarino Moure, al que ha tenido acceso este diario.
Hornos Lamastelle, que pertenece a Galega de Economía Social (GES), el grupo que gestiona la Confederación Galega de Minusválidos (Cogami) y que da empleo a unos 800 trabajadores -en su mayoría discapacitados- presentó una querella criminal contra su hoy exgerente, Ramón Dourado Lema, en octubre de 2013. Le acusaba de administración desleal y de haber ocultado información a los accionistas, además de graves incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos, cuestiones que según alegó en su momento el consejero delegado, Ramón Sestayo, motivaron el despido del directivo, tras diez años al frente de la panificadora.
El directivo sin embargo presentó una denuncia ante el juzgado de guardia en la que acusaba al consejo de administración de GES y de Hornos Lamastelle de la "disposición irregular de fondos de la empresa" por valor de 185.000 euros y del desvío a otros fines de subvenciones destinadas a financiar cursos de formación a los empleados que nunca llegaron a impartirse.
El juzgado de Instrucción número 2 de Santiago admitió a trámite la querella contra el exdirectivo, al entender que existían indicios de delitos societarios, dado que Dourado Lema abrió tras ser despedido una firma (Panificadora Mencer) que se dedica a una actividad similar a la de Hornos Lamastelle y con varios de sus excompañeros, también despedidos de la firma de GES. El juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña también admitió a trámite la demanda de Dourado, al apreciar también indicios de delitos societarios en la gestión de Lamastelle. Ambas denuncias fueron posteriormente ampliadas tras producirse varios despidos en la panificadora, famosa por distribuir 6.000 kilos de empanada diarios y siguieron su curso en paralelo a la resolución del conflicto motivado por el despido del exdirectivo.
El conflicto laboral se produjo después de que la dirección de GES decidiese reorganizar la gestión de la panificadora, renovar la cúpula directiva y despedir a varios de sus trabajadores, lo que generó un enfrentamiento interno, que llegó a desencadenar la recusación del comité de empresa y varias movilizaciones de los trabajadores contra los despidos. A estos conflictos se unieron posteriormente el de Rede Galega de Kioskos (Regaki), en liquidación tras declararse en suspensión de pagos y pasar varios meses sin pagar los salarios a su plantilla.
Las partes en liza se enfrentaron en un juicio celebrado el 28 de agosto pasado en el que el exgerente y Hornos Lamastelle llegaron a un acuerdo que comprende el pago de una indemnización de 30.000 euros brutos a Ramón Dourado Lema en concepto de "indemnización, liquidación y finiquito". A cambio, ambas partes se comprometieron a retirar las demandas y querellas cruzadas, incluso las tramitadas por vía administrativa, las que el exgerente había presentado contra otras empresas del grupo de GES y las formalizadas por Lamastelle contra Panificadora Mencer, la nueva sociedad de Dourado Lema, y sus socios.
El exgerente renuncia además a reclamar contra las empresas del grupo por el despido, dado que el exdirectivo solicitaba la readmisión en la empresa.
Además de las denuncias contra las empresas de GES, Ramón Dourado Lema tiene, según el auto judicial, que retirar la presentada contra el abogado de GES, Juan Francisco A.V., que fue recientemente expedientado por el Colegio de Abogados de A Coruña por incumplir el código deontológico, al representar a Hornos Lamastelle en el juicio por despido años después de que Dourado Lema hubiera sido su cliente, como gerente de la panificadora. Este expediente fue lo que motivó el último de una serie de aplazamientos del juicio finalmente celebrado en agosto.
