La banca estará obligada a informar a la Xunta de las viviendas vacías que posee en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes bajo amenaza de sanción, que podría alcanzar los 3.000 euros. Estos pisos se incluirán en un censo que la Administración usará para planificar su política de vivienda y ayudar a las familias sin recursos. De esta manera, el Gobierno gallego podrá llegar a acuerdos con las entidades para destinar estos inmuebles a atender a personas afectadas por desahucios o incluirlas en la bolsa autonómica de alquiler. También se plantea lanzar una oferta pública de adquisición de las viviendas en las localidades con más demanda de pisos de promoción pública.

La Xunta ultima el decreto que regulará este censo de pisos vacíos, que ya solo está pendiente del informe del Consello Consultivo para su aprobación definitiva.

El objetivo, según explicó ayer el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, es "incorporar al mercado los inmuebles vacíos de las entidades financieras y promover su participación en las políticas activas de vivienda".

Estarán obligadas a inscribir los pisos desocupados en este censo las entidades bancarias, sus filiales inmobiliarias y la Sareb, la sociedad que gestiona los activos inmobiliarios de los bancos nacionalizados (el llamado banco malo). Pero la exigencia será solo para las propiedades localizadas en los concellos de más de 10.000 habitantes.

En todo caso, el censo también podrá incorporar las viviendas sin ocupar que estén en manos de la banca ubicadas en concellos de menos de 10.000 habitantes aunque con carácter voluntario. Y la inscripción en este registro también será opcional para el resto de propietarios de pisos vacíos.

De esta forma la Xunta tendrá "información fiable" de los inmuebles vacantes en los ayuntamientos con más demanda de vivienda. Feijóo dejó claro que no abrirá "un conflicto judicial expropiando viviendas". "Se trata de llegar a acuerdos con los dueños", dijo.

Podrán firmar convenios de colaboración entre la Xunta y los propietarios para destinar las viviendas a atender a las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias o desahucios por impagos de alquiler. De hecho, la Xunta ya firmó convenios de este tipo con varios bancos.