El Parlamento gallego reclamó ayer, por unanimidad de los grupos, una solución "que garantice la restitución de la totalidad del dinero invertido" a las víctimas de mala comercialización de bonos convertibles por parte del Banco Popular. La solicitud, aprobada en la Comisión de Economía a propuesta del BNG, insta a la Xunta a demandar esta solución ante el Gobierno central, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

En defensa del texto, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, advirtió de que se trata de "un nuevo caso no solo de malas prácticas, sino que pone en cuestión el papel jugado por los órganos supervisores". Por ello, exigió que las administraciones públicas se impliquen a la hora de buscar una solución justa.

La diputada del PP Herminia Pouso, que precisó que la Xunta carece de competencias en la materia, dio el apoyo del grupo mayoritario a esta proposición al coincidir en que es un caso que demuestra "que se produjo nuevamente una comercialización fraudulenta de unos productos fraudulentos a personas que nada tenían que ver con grandes inversores".

El socialista Juan Carlos González Santín reprobó que aunque "se vendió como una inversión segura", el producto se colocó a gente que "no fue advertida" y que carecía de información, en decisiones "poco transparentes". Mientras, Antón Sánchez de AGE constató que esta es una realidad que, en Galicia "suena", tras el escándalo de las preferentes comercializadas por las extintas cajas de ahorro.

Producto comercializado

La emisión inicial de este tipo de bonos convertibles por parte del Popular fue de 700 millones, en 2009 y con fecha de vencimiento en octubre de 2013. En 2012 la entidad ofreció un canje voluntario a los bonistas, que tuvo una aceptación del 95,3%, según los datos que aporta el propio banco. "Se les ofrecían otros bonos de nueva emisión que vencieron en noviembre de 2015 y que contaban con mejores condiciones debido a que tenían ventanas trimestrales de liquidez (los originarios tenían una sola ventana anual) y a que la rentabilidad mejoraba, ya que los nuevos contaban con una rentabilidad del 7%, mientras que los originarios la remuneración era de Euribor a 3 meses más un 4%", destacan fuentes del Popular.

La Cámara autonómica critica, sin embargo, que lo que hubo fue "una solución para sí mismo" -para el banco-, con el ánimo de "sortear los problemas de esta mala comercialización".

El Popular defiende que durante este periodo los bonistas obtuvieron una alta remuneración, "casi el equivalente al 40% del valor nominal (de la inversión)". Contando con esta rentabilidad que los bonistas recibieron a lo largo de estos años, cifra la minusvalía en torno al 40%. "Como siempre, el cliente es el centro de la gestión del banco, y de manera individual y excepcional, estamos buscando las condiciones de negocio que permitan que estos u otros clientes permanezcan con la relación comercial a largo plazo que venimos manteniendo, en la que el compromiso por ambas partes debe ser alto", remarcan las fuentes de la entidad.