El Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad admitir a trámite una iniciativa legislativa popular avalada por 17.000 firmas que busca la rebaja del precio de la luz, el establecimiento de una tarifa eléctrica gallega y la lucha contra la pobreza energética, aunque el PP, con mayoría absoluta, admitió que no compartía algunos de los preceptos contenidos en la propuesta. El partido de Gobierno respaldó por primera vez la iniciativa de la CIG que hasta ahora había criticado, al entender que Galicia no podía romper la armonía tarifaria en España, donde el precio de la luz es idéntico para todos los territorios, ya sean excedentarios en generación energética, como es el caso de Galicia, o deficitarios.
El texto fue promovido por el sindicato nacionalista y defendido en la Cámara por el sindicalista y exdiputado del Bloque Fernando Blanco, que centró su intervención en las "contradicciones" de que Galicia produzca más energía eléctrica de la que consume -exporta el 40%-, pero pague una de las tarifas más altas de Europa.
El texto persigue una reducción del 30% en los costes de los peajes del sistema eléctrico, que repercutiría en la factura final de los consumidores, pero también establece una definición de pobreza energética, clave a la hora de establecer posteriores ayudas.
Blanco defendió que se consideraría esa situación cuando una familia destine el 10% de sus ingresos a recibos de luz o gas o no consigan mantener su vivienda a una temperatura de entre 18 y 21 grados.
El sindicalista exigió además al PP que las empresas de uso intensivo de electricidad tengan una tarifa estable y cierta y no se vean "sometidas al invento del Gobierno de Madrid, de hacer una subasta todos los años del precio de la energía", en clara referencia a Alcoa. "Que todos los años se sometan a una suerte de ruleta rusa es un disparate, no pasa en ningún sitio de Europa y retrae inversiones para modernizar esas instalaciones", dijo. Blanco Parga recordó además que en el País Vasco hay un coste diferenciado de la energía y pidió impulsar un modelo similar para reducir los costes en Galicia.
Los partidos mostraron discrepancias que se detallarán durante la tramitación del texto del que después saldrá una ley, según anunció el popular Hipólito Fariñas, que recordó que la UE todavía no ha pactado una definición de la pobreza energética y que la Xunta ha lanzado un bono para dos recibos de la luz de familias en situación de riesgo con un máximo de 200 euros. El diputado del PP recordó que su grupo no coincide al 100% con el texto de la iniciativa, pese a lo cual lo apoyó para elaborar un texto legal respetuoso con las competencias de Galicia y comprometido con las personas vulnerables de la comunidad.
La oposición atacó al PP. El socialista Abel Losada le afeó la aprobación de una legislación "a favor" de las empresas y definió como "asumible" la rebaja en el coste del transporte de la energía. Por su parte, Juan Manuel Fajardo (AGE) tachó de "indecente" que las tarifas eléctricas estén en manos de empresas privadas y censuró las puertas giratorias entre la política y los consejos de administración de esas compañías. La nacionalista Carme Adán afeó al PP que no blinde la energía como un "servicio público" y sí como una "actividad económica de interés general", mientras Carmen Iglesias (grupo mixto) apoyó el contenido íntegro de la iniciativa. Durante la defensa de la iniciativa impulsada por la CIG a raíz de los ajustes anunciados por empresas de consumo eléctrico intensivo, como Alcoa, pero también Megasa, de Narón, Fernando Blanco reprochó al PP el tratamiento de la pobreza energética "como un servicio de caridad de pago de recibos durante dos meses", en referencia al tique eléctrico y el bono social puesto en marcha por el Gobierno autonómico. Su intervención fue muy criticada por el PP, que aseguró que la Xunta es "solidaria con los más necesitados" de la comunidad gallega.
