El director xeral de Política Financeira e Tesouro, David Cabañó, acusó ayer al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de tener una "memoria selectiva" en relación con lo ocurrido durante el proceso de reestructuración financiera, y se preguntó "por qué no actuó con la diligencia debida y necesaria" en relación con las indemnizaciones millonarias por las que, finalmente, fueron condenados a dos años de cárcel cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia.

El alto cargo de la Consellería de Facenda de la Xunta respondió así en la comisión de Economía del Parlamento, a una pregunta del portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, quien, al margen de coincidir con una visión crítica de la actuación de Fernández Ordóñez, centró su intervención en reprochar a la Xunta que "tenía competencias" y, en su opinión, no las utilizó en la vigilancia de los directivos, por ejemplo, como recordó Jorquera, con su capacidad de bloquear acuerdos a través del miembro que la Xunta tenía en la comisión de control de las cajas.

Jorquera preguntó al director xeral sobre lo que hizo el Gobierno gallego en relación con las mencionadas indemnizaciones. "Esto no se habría producido si no hubieran dado un tiempo extra a los directivos modificando la ley de cajas", culpó el nacionalista.

Cabañó salió en defensa de la Xunta -en aquel momento la responsable de Facenda era Marta Fernández Currás, actual secretaria de Estado de Presupuestos y el director xeral era Manuel Galdo- al argumentar que la comunidad no tenía competencia en esta materia", al afectar la remuneración de los exdirectivos a la alta dirección, y ciñó su margen de actuación al rango de los órganos de gobierno.

"La sentencia [de la Audiencia Nacional] puso de manifiesto lo expresado en numerosas ocasiones por la Xunta", en torno a unas indemnizaciones que "estaban fuera de toda lógica, no eran coherentes con la situación de las cajas" y cuya percepción "no solo fue inmoral sino también contraria a la normativa española y comunitaria".

Castañó apuntó a un acuerdo parlamentario y fundamentalmente a una carta remitida por el titular del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, al exgobernardor del Banco de España, en la que le advertía de "la enorme preocupación generada" y en la que solicitaba al Banco de España la reclamación de la devolución de las cantidades a los perceptores. Pero cuando esta misiva se envió, según el portavoz del Bloque en la Cámara, la "indignación social" ya había estallado.

El responsable de la política financiera de la comunidad insistió sin embargo en que "habría que preguntarle al que era el máximo responsable del Banco de España, del órgano supervisor, tan dispuesto últimamente a salir en los medios de comunicación", tras la publicación de su libro Economistas, políticos y otros animales. Habría que pedirle, a juicio del dirigente "si, en esa memoria selectiva que parece que aún conserva, responda por qué no actuó con la diligencia debida y necesaria para en un primer momento impedir su cobro -el de las indemnizaciones- o reclamar después la devolución de las cantidades ingresadas". "Tal y como se le pidió reiteradamente desde la Xunta", concluyó.