Delegados sindicales de UGT y CC.OO. se han concentrado este lunes en diversas localidades gallegas para pedir la derogación de la ley de seguridad ciudadana y también la del artículo 315.3 del Código Penal, al criticar que "criminaliza la protesta social".

En Santiago lo han hecho frente a las puertas del complejo administrativo de la Xunta, en San Caetano, mientras que la Delegación del Gobierno ha sido el escenario de la protesta en A Coruña.

Tras pancartas con los lemas 'En defensa de las libertades y del derecho de huelga' en la capital gallega y 'No a la ley de Seguridad Ciudadana, no a la represión de la movilización social' en la capital herculina, los movilizados han coreado consignas como 'La huelga es un derecho, no un delito'.

En Compostela, Rosa Arcos, en representación de UGT, ha denunciado la imposición de "penas excesivas" como forma de "represión" de manifestaciones y huelgas. Por parte de CC.OO., Paco Carrera ha exigido la retirada de acusaciones que pesan sobre sindicalistas y que se fundamentan en el mencionado artículo del Código Penal.

Mientras, la protesta de la ciudad herculina ha contado con la presencia de los respectivos secretarios generales en Galicia de UGT y CC.OO., José Antonio Gómez y José Manuel Sánchez Aguión.

"Fuerzas para que se produzca de inmediato"

Ambos representantes, que abogan por alcanzar un gobierno de "progreso" en el estado, se han mostrado confiados en que el "futuro gobierno" derogue la ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como 'ley mordaza'.

"Se está trabajando para constituir, si es posible, un Gobierno de progreso y creo que hay la correlación de fuerzas suficientes en el Parlamento para que se produzca ya de inmediato, como una de la primeras medidas, la derogación del artículo 315 del Código Penal y la mal llamada ley de seguridad ciudadana", ha apuntado, en declaraciones a los periodistas, el secretario de CC.OO.

Mientras, su homólogo en UGT ha apostado porque se alcance "un gobierno de pacto" y "progreso". "Que no se condene una vez más a los ciudadanos, como los condenó el Gobierno del PP en estos últimos cuatro años", ha añadido, tras asegurar que "lo único que hizo" la ley de seguridad ciudadana fue "criminalizar la protesta social".

Además de reclamar la derogación de esta ley, los delegados sindicales se han trasladado ante la Delegación del Gobierno para "defender" a los más de 300 sindicalistas encausados en España, algunos ya condenados, por participar en huelgas generales. También han trasladado su apoyo a los sindicalistas de Airbus, cuyo juicio arranca este martes en Getafe.