La polémica de las puertas giratorias ha salpicado de lleno a Nueva Pescanova después de que ayer trascendiera el fichaje de la que fue vicepresidenta económica del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la ourensana Elena Salgado, como miembro del futuro consejo de administración de la multinacional pesquera gallega a propuesta de los bancos del G7. La incorporación de Salgado coincidirá con la de otra exministra socialista, Trinidad Jiménez, a Telefónica, lo que ha desatado las críticas de formaciones como Podemos y ha puesto en cuestión la norma "anti puertas giratorias" del programa reformista del líder del PSOE, Pedro Sánchez. "El papel a veces se lo lleva el viento", censuró el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sobre ambos nombramientos.
Según la norma impulsada por Sánchez, los altos cargos del Gobierno no podrán incorporarse durante un periodo de cinco años "ex novo a empresas del sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y sobre el que hayan tenido responsabilidad de regulación o gestión". Tanto la exvicepresidenta gallega del Gobierno como la exministra dejaron su cargo hace cuatro años, por lo que si se aplicara la nueva norma, tendrían que esperar hasta el próximo mes de diciembre.
Por puertas giratorias se conoce popularmente al movimiento de altos cargos entre el sector público, el sector privado y viceversa, y son objeto frecuente de críticas entre partidos políticos. Ayer mismo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afeó al PSOE que la exvicepresidenta Salgado vaya a entrar en el consejo de Nueva Pescanova y que la exministra Jiménez haya fichado por Telefónica. También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se refirió a ambos casos, aunque en su caso para reconocer que no se incumple la ley.
La ley española sobre incompatibilidades de los altos cargos determina que los afectados por la norma (miembros del Gobierno, responsables de empresas públicas y de organismos reguladores, entre otros) no podrán fichar por empresas del sector privado afectadas por decisiones en las que hayan participado en el plazo de los dos años siguientes al cese. El seguimiento de ese requisito es función de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda.
