El administrador único de Nueva Pescanova y futuro presidente, Jacobo González-Robatto, aprovechó la convocatoria formal de la junta extraordinaria de accionistas para hacer dos anuncios: que todos los acreedores están invitados a participar en el crédito de 125 millones que va a alimentar la financiación de la compañía y que el llamado G7 (Sabadell, Popular, CaixaBank, Abanca, Bankia, BBVA y UBI Banca) ya aportó en diciembre 83,448 millones de euros para capital circulante. Se trata de un compromiso que hipotecará a la empresa hasta 2034, que tiene un interés del 15% anual y conlleva la suscripción de una deuda adicional de 300 millones. Un compromiso firmado en abril de 2014 que, reconoce González-Robatto en una carta a los acreedores, "supone una contraprestación por las quitas y esperas" del convenio de Pescanova.

La multinacional publicó ayer en su página web la convocatoria de la junta del 25 de febrero y las condiciones del crédito supersenior. Ante las acusaciones de la vieja Pescanova, que tilda de "usureras" las condiciones que lleva aparejadas, Robatto incide en la misma carta en que fue la administración concursal (Deloitte) y el expresidente Juan Manuel Urgoiti los que firmaron el contrato de financiación cuando Damm y Luxempart delegaron en la banca la responsabilidad de reflotar la empresa. Lo que ignoraban ayer fuentes de la antigua matriz es que ya se hubiesen concedido más de 80 millones del mismo crédito.

Fuentes de la compañía explicaron a este periódico que fue necesario echar mano de esta financiación especial para hacer frente a "determinadas financiaciones de circulante" que vencían antes de final de año y que Nueva Pescanova, por contrato, no podía suscribir ningún tipo de crédito que no fuera el supersenior. Lo que ahora hace el G7 es invitar al resto de acreedores financieros -el colapso de Pescanova atrapó a más de un centenar de bancos de todo el mundo- a conceder los 41,5 millones que restan hasta los 125 acordados inicialmente. Eso sí, muchas de las entidades afectadas por la caída del gigante pesquero vendieron su deuda a fondos buitre (distressed funds), que son los que ahora podrían beneficiarse de estas condiciones. Los que quieran participar deberán comunicarlo antes del 17 de febrero y desembolsar el dinero antes del 5 de marzo.

Multa a Fernández de Sousa

Mientras, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa sobre la sanción de 300.000 euros que el Ministerio de Economía le impuso por una infracción muy grave por incumplir sus deberes de comunicación y difusión de participaciones significativas en el accionariado de Pescanova. La sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirma "la decisión de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que avaló dicha sanción" impuesta en 2014.