El concurso eólico de Galicia, uno de los más concurridos de todos los celebrados por autonomías en los últimos años -520 peticiones de parques que aglutinaban más de 15.000 MW, es decir, 6,5 veces más que la potencia disponible- nació ya con polémica. El reparto impulsado por los populares a su vuelta a San Caetano, durante la primera legislatura de Alberto Núñez Feijóo, sustituía la puja anterior, organizada por el bipartito y que el nuevo Gobierno decidió anular por las supuestas "tachas de legalidad" detectadas por la asesoría jurídica. Las diferentes visiones que el TSXG tuvo ante las demandas presentadas por las empresas perdedoras desencadenó que el proceso acabara en el Tribunal Supremo, que en junio del pasado año sentenció que la supresión fue ilegal porque la Xunta incurrió en "una desviación de poder", como el alto tribunal gallego también había destacado. La Consellería de Economía e Industria se agarró a que el fallo no cambiaba nada porque la ley promulgada después de anular el reparto blindó la seguridad de su concurso, el que ahora tumba el TSXG.
También el Superior gallego reconoció hace unos meses el derecho de indemnización precisamente a aquellas compañías que llegaron a ser adjudicatarias en el reparto del bipartito. El fallo a favor de la división energética de la pizarrera Cupa ordena el pago de 222.300 euros por los gastos administrativos incurridos.
Por si el concurso eólico resuelto por la Xunta hace ya más de cinco años arrastraba pocos quebraderos de cabeza con la parálisis que sufre en la práctica por la decisión de los promotores de congelar sus proyectos ante el fin de las primas a las renovables tras la reforma energética, el proceso se enfrenta ahora a un nuevo jaque, de muy difícil solución. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) respalda la demanda en contra de las valoraciones de las ofertas que presentó Capital Energy, uno de los candidatos que quedaron fuera de a lista de ganadores, y tumba la resolución de los 2.325 megavatios (MW), con la imposición, además, de volver prácticamente al principio de todo. Hasta la revisión de los planes industriales que las compañías entregaron para hacerse con una porción de la tarta del viento gallego con la que la Consellería de Economía e Industria entonces aspiraba a movilizar 6.000 millones de euros en inversiones y crear 12.000 puestos de trabajo. La sentencia, que ayer empezó a notificarse a las partes, considera, según pudo saber este diario, que esas valoraciones de las propuestas "no se ajustan a derecho".
La fórmula elegida por el Ejecutivo autonómico para cribar las ofertas estuvo en entredicho desde el primer momento. De un total de 100 puntos posibles como máximo, las inversiones del plan industrial y el empleo comprometido representaban hasta 55 puntos. El resto se repartía entre el nivel tecnológico y la eficiencia energética de las instalaciones; las menores afecciones al paisaje, la cesión de las subestaciones a las que deberían evacuar los parques; los trabajos de restauración del terreno después de las obras; la posibilidad de repotenciar instalaciones operativas; y "otros factores", como las inversiones en concellos afectados, los planes energéticos de la propia Xunta y el pago de los terrenos.
Actuaciones previas
De la valoración quedaban expresamente fuera proyectos que estuvieran en marcha antes o aquellos vinculados al sector energético regulado, entre otros. Los informes de la comisión de valoración encargada de poner la lupa sobre las propuestas revelaron meses después que la inmensa mayoría tenían errores, que hubo muchas dudas sobre la aplicación de los criterios y que se dieron por buenas promesas de inversión que no acarreaban ningún empleo.
Capital Energy, que concurrió a la subasta de 2010 de mano del multimillonario propietario de Inditex, Amancio Ortega -hoy el 100% de la compañía está en manos de una firma energética con sede en Madrid, Martín Buezas y Asociados-, llevó a los tribunales la revisión de su proyecto. Alrededor de una docena más de empresas se personaron en la denuncia. Entre ellas, Norvento, Estela Eólica -que fue una de las ganadoras que logró más potencia y que se quedó fuera después por la imposibilidad de llevar a cabo la polémica incineradora del sur que adjuntó en su oferta-, Puentengasa, Kaekias, Galenova y Torre de Hércules -las sociedades controladas en aquel momento por las dos cajas de ahorros-, Beltaine, Unión Fenosa, Aldea, Sigenera o Nieblagen. El TSXG comparte su "disconformidad" por la forma en que se labraron las puntuaciones para conseguir los parques y falla con la obligación de la Xunta de "retroacción de las actuaciones a la fase de valoración de la oferta".
