Bruselas recurre la sentencia que valida el antiguo 'tax lease' español

La apelación del Ejecutivo comunitario no afecta a la recuperación de las bonificaciones fiscales puesto que el proceso sigue paralizado

01.03.2016 | 01:03
Dos trabajadores pintan un barco en un astillero gallego.

El pulso de Bruselas al sector naval español por el antiguo tax lease (el anterior sistema de bonificaciones fiscales que usaban los astilleros para contratar barcos) continúa. La Comisión Europea confirmó ayer que el pasado viernes entregó su apelación a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo que declaró legal el viejo tax lease, como reclamaban el Estado español, los astilleros y los inversores. El fallo, del pasado 17 de diciembre (a raíz de dos recursos del Reino de España y de las sociedades Pymar y Lico Leasing), anulaba el dictamen de la CE de julio de 2013 que obligaba a los inversores que habían participado en operaciones de tax lease entre los años 2007 y 2011 a reembolsar las ayudas recibidas. El recurso de Bruselas ante la Corte Suprema no afecta al proceso de devolución de las ayudas, que fue anulado por el tribunal europeo.

Bruselas agotó finalmente los plazos para apelar la decisión del tribunal europeo. La CE disponía de dos meses y diez días suplementarios tras la comunicación de la sentencia (el pasado 17 de diciembre) para recurrir y no fue hasta este viernes cuando entregó su escrito de apelación, según indicaron fuentes comunitarias.

En la práctica, el recurso de Bruselas no tiene efecto alguno sobre el sector, ya que hasta que la Corte Suprema dicte nueva sentencia sobre el caso, el fallo del tribunal de Luxemburgo prima sobre el dictamen de la Comisión, es decir, que el viejo tax lease era legal y por tanto no hay obligación alguna de reembolsar las bonificaciones fiscales obtenidas. Aunque de cara a la imagen del sector, la apelación mantiene abierta una batalla que arrancó en 2011 y afectó negativamente a los intereses de los astilleros españoles.

Directa e indirectamente, la crisis del tax lease estuvo presente en el cierre de seis históricas factorías (Unión Naval de Valencia, Factorías Juliana, MCíes, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Huelva y Unión Naval de Barcelona), en el concurso de acreedores de al menos otras dos (Hijos de J. Barreras y Factorías Vulcano), en la quiebra de decenas de auxiliares y en la destrucción de miles de empleos.

Fuentes próximas a los astilleros y a los inversores consultadas por este periódico ya daban por hecho que Bruselas recurriría la sentencia del tribunal de Luxemburgo. Las mismas fuentes argumentaban que no tendría sentido que la Comisión sí haya recurrido el fallo, también contrario de Luxemburgo, sobre las ayudas fiscales concedidas por España a las multinacionales nacionales por comprar empresas extranjeras, por considerarlas selectivas e ilegales, y renuncie en el caso del tax lease.

Los astilleros cuentan hoy con un nuevo régimen de arrendamiento financiero que sí cuenta con el visto bueno de Bruselas y que también fue bendecido por la justicia europea, y que ya permitió la firma de importantes contratos en el País Vasco y en Asturias, principalmente.

Pero los astilleros españoles lucharán hasta el final. Lo garantizó ayer la consejera delegada de Pymar -la sociedad que representa a las factorías navales privadas nacionales-, Almudena López del Pozo, que consideró que el recurso de Bruselas forma parte de una estrategia "dilatoria" que no prosperará. López del Pozo recordó que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que dio la razón al recurso de Pymar y falló que el antiguo sistema tax lease sí era legal, fue "muy contundente, sólida y clara en sus términos al establecer que se había producido una actuación errónea de la Comisión y una manifiesta falta de motivación en la decisión ahora anulada".

López del Pozo cree que el recurso no tiene posibilidad de prosperar: "La estrategia es dilatoria, pero son conscientes de que no ganarán porque actuaron erróneamente", manifestó. Y advirtió de que de la misma forma que Pymar supo hacer valer la posición del sector español, "seguirá defendiendo como hasta ahora los intereses de los astilleros en todas las instancias".

Los recursos del Estado y de Pymar y Lico Leasing fueron los primeros de una larga lista de 65 reclamaciones ante el Alto Tribunal de Luxemburgo, que fue contundente en su sentencia.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

Enlaces recomendados: Premios Cine