Francia ha declarado "el estado de emergencia económica y social" para combatir su tasa de paro, que se ha elevado hasta rozar el 11%. Su principal arma será una reforma laboral que, curiosamente, está inspirada en la de España, donde la tasa de desempleo duplica la francesa, al superar el 22%. El Gobierno socialista de Fraçoise Hollande, presionado por Bruselas y Berlín, se declara ahora sin disimulo seguidor de las medidas para "flexibilizar" el mercado de trabajo de Mariano Rajoy, esas mismas que los socialistas españoles exigían derogar de forma inmediata hasta que la semana pasada firmaron con Ciudadanos su pacto para gobernar. A partir de ahí llegaron los matices.

La reforma francesa, respaldada por la patronal y rechazada por los sindicatos y parte de la izquierda, admite los despidos colectivos -que podrán producirse por descenso de pedidos, deterioro de cifra de negocios, cambios tecnológicos o reorganizaciones-, rebaja las indemnizaciones, allana el camino a la bajada generalizada de los salarios y descentraliza la negociación colectiva. Como norma general, los acuerdos adoptados en el seno de las compañías -entre los empresarios y los representantes de los trabajadores- estarán por encima de los pactos sectoriales o incluso de los contratos individuales. La medida contrasta con la posición del PSOE en España, que incluso en el acuerdo firmado la semana pasada con Ciudadanos mantiene la supresión de la prioridad absoluta del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior. No obstante, sólo quedarían a salvo de los descuelgues las materias vinculadas a la jornada y el salario base. En el resto, la preferencia seguiría residiendo en el ámbito de la empresa.

La descentralización de la negociación colectiva en Francia siguiendo el modelo de España abre la puerta al resquebrajamiento de la ley de las 35 horas semanales, una medida defendida hasta ahora con rotundidad por Françoise Hollande y que diferencia claramente el modelo laboral francés del español. La reforma que pretende aprobar el Ejecutivo socialista, defendida públicamente por los ministros del ala más liberal -Manuel Valls y Emmanuel Macron- no suprime literalmente la ley de la semana de 35 horas laborales, pero con el cambio de marco en la negociación colectiva se destruyen las principales barreras para saltarse el límite. Una vez que se aplique la reforma laboral, en el seno de las empresas se podrán acordar incrementos de jornada sobre el tope cuando esté en peligro el mantenimiento del empleo, se pongan en marcha reestructuraciones, se abran nuevos mercados o concurran otras causas "excepcionales", un amplio abanico que agrieta el que hasta ahora era uno de los principios sagrados de la izquierda francesa, casi ya olvidado por la española tras la larga crisis.