La titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, Salomé Martínez Bouzas, confirmó ayer la salida del concurso de acreedores de Fábrica de Cerámicas O Castro y Fábrica de Cerámicas de Sargadelos, después de que la junta de acreedores avalase el convenio presentado por las empresas con en torno a un 80% de los votos, tal y como ya adelantó este diario el pasado 10 de febrero. Los 7 millones con los que Sargadelos se declaró en concurso se reducen a unos 5 tras una quita del 50% y una espera de cinco años para Hacienda y Seguridad Social y de 10 años para el resto de acreedores ordinarios. El grupo propuso y confía en saldar -dentro de este año- los 2,2 millones de euros que adeuda a la banca con la venta del edificio que alberga la galería Sargadelos de Santiago, que puso como garantía de un crédito sindicado con los bancos, pendiente ahora de pago. Al Fogasa, Sargadelos tendrá que devolverle la deuda íntegra, dado que no aceptó el convenio, según explicó el máximo directivo del grupo.

La jueza sin embargo acuerda en la sentencia dictada ayer abrir la sección de calificación del concurso, lo que supone que investigará si los gestores del emblemático grupo de cerámica de diseño gallega tuvieron alguna responsabilidad en la insolvencia de las dos fábricas, declarada en abril de 2014. La sentencia, hecha pública ayer, da un plazo de diez días a contar a partir de la publicación del Edicto que comunique la apertura de la sección de calificación para que "cualquier acreedor o persona que acredite un interés legítimo" pueda personarse en dicha sección y alegue "cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable".

Ese análisis de la responsabilidad de los directivos es consecuencia directa y legal de la quita del 50% planteada en el convenio de acreedores y aceptada por la banca, la Tesorería General de la Seguridad Social y Hacienda, los principales afectados por el concurso de Sargadelos. La ley concursal establece la apertura de esa sección de calificación del concurso -en fortuito o culpable- siempre que la quita planteada y aprobada supere el 30% o la espera sea mayor de tres años para una clase de los acreedores.

En el caso de Sargadelos, las quitas son del 50% para los acreedores privilegiados, salvo para la banca, que es acreedor con privilegio especial al tener un crédito sindicado garantizado con bienes de la firma. El grupo de cerámica de hecho dio un mandato de venta a los bancos (Abanca, CaixaBank, BBVA y el Santander) para colocar el inmueble por un mínimo de 2,3 millones de euros y saldar con ellos su deuda en un plazo máximo de un año. El grupo sólo planteó una quita del 30% como una de las tres posibilidades de pago que ofreció al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que, sin embargo, no respaldó ninguna de las ofertas en el convenio de acreedores. La espera también supera de largo los tres años. Será de cinco para los acreedores privilegiados y de diez para los ordinarios (administraciones, bancos, proveedores y trabajadores). El convenio también recoge la aplicación de un 50% de quita a la deuda subordinada (2,4 millones de euros) entre la que se encuentra el crédito participativo de un millón de euros que la Xunta concedió a la fábrica de Cervo en 2010. El acuerdo da un plazo de diez años para pagar estas deudas, que además no empezarán a contar hasta que las privilegiadas y ordinarias hayan sido satisfechas. La Xunta por tanto recibirá poco menos de la mitad de ese millón prestado no antes de 2036.

Al margen de este proceso que ahora se abre, desde ayer, el equipo comandado por el presidente, consejero delegado y accionista mayoritario de Sargadelos, Segismundo García Rodríguez, podrá decidir los designios de la marca creada hace 67 años por Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane sin intervención judicial y sin dar cuentas al administrador concursal, con quien Rodríguez ya reconoció haber mantenido una relación "tensa" durante todo este proceso. Los ejecutivos prevén ampliar capital para modernizar las factorías y reorganizar la producción.