Nicanor Acosta, el activista social de 76 años que se unió a la acampada del 15 M y apoyó en las calles de A Coruña las causas de quienes salieron peor parados de la crisis volvió ayer al juzgado, esta vez al de lo Contencioso Administrativo número 4, para defender su inocencia en la vista por el recurso contra una multa que la Subdelegación del Gobierno le impuso por un corte de tráfico en la calle San Andrés durante una protesta contra las preferentes de las antiguas cajas. La Policía le acusa de ser uno de los promotores y coordinadores de la protesta celebrada el 20 de junio de 2013 y le responsabiliza de incitar a los concentrados a endurecer la protesta con un corte de tráfico.

Acosta, que ya fue acusado de haber intentado paralizar el desahucio de la octogenaria Aurora Rey -y logró una sentencia favorable- negó ayer haber "soliviantado a las masas", como se le acusa en la sanción, y calificó de "gran robo" la estafa de las preferentes, que afectó a 120.000 gallegos, a quienes se robó "vida y salud". Por ello, explicó, secundó sus protestas durante tres años con ayuda de su megáfono.

El activista afrontará otro juicio -inicialmente previsto para ayer- el próximo 4 de abril por un escrache ante la sede del PP. Las multas, que afrontaron las plataformas de preferentistas, no le preocupan, pero denuncia que estas multas evidencian una "represión a los movimientos sociales" como el de los preferentistas, que defendían -dijo- "su dignidad".

La que fuera portavoz de la plataforma de afectados por preferentes y subordinadas de las antiguas cajas en la comarca de A Coruña, Ana Cedeira, recordó que Acosta "no dirigió ni coordinó la concentración", un trabajo que realizaban las plataformas y que todas las marchas fueron notificadas a la Subdelegación del Gobierno, por lo que eran legales. "Dicen que cortamos el tráfico 40 minutos y no es verdad; todos los cortes eran de cinco a diez minutos", rememora.

Cedeira advirtió que en toda Galicia las sanciones contra los preferentistas suman 20.000 euros y que hasta ahora todas fueron anuladas en los tribunales. Recordó que todos los miembros de la plataforma recuperaron su dinero, pero instó a los "10.000 clientes" que todavía tienen atrapados unos 80 millones a aprovechar la vía recientemente abierta por una sentencia del Supremo, que considera que con las preferentes de CatalunyaCaixa hubo una mala comercialización que invalida todos los contratos de compraventa. El alto tribunal advierte incluso que hasta los inversores con conocimientos financieros deberían recuperar todo su capital, dado que no hay pruebas de que recibiesen "toda la información". Cedeira insta a quienes no denunciaron o no recuperaron su dinero a presentar una demanda en amparo a lo reconocido por el Supremo la semana pasada porque las preferentes "se vendieron igual en todas las cajas".