El titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña dictará en breve la sentencia sobre la petición de medidas cautelares que la Fiscalía Provincial cursó con su demanda colectiva contra Gas Natural Fenosa por prácticas abusivas e ilegales en la facturación del consumo eléctrico, como emitir facturas con más de un año de demora (por encima del el plazo máximo legal), cortar el suministro por "impago de los recibos indebidamente emitidos" y amenazar a los clientes con incorporarlos al fichero de morosos.
El juicio por esta demanda, cursada en octubre pasado, está previsto para el próximo 4 de abril pero el Ministerio Público ratificó ayer su petición ante el juez de obligar a la compañía eléctrica a dejar de enviar facturas por consumos producidos hace más de un año y de cortar la luz a los usuarios que no pagan recibos supuestamente emitidos con errores o irregularidades.
El letrado de Gas Natural se opuso ayer durante la vista por estas medidas cautelares y alegó que los recibos con consumos de más de un año supusieron un 0,03% del total de los emitidos en 2015 por esta compañía a los clientes con Tarifas de Último Recurso (TUR) y de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor. Pero en cifras redondas, ese 0,03% asciende a 15.700 de un total de 20 millones de recibos facturados en toda España durante el año pasado. De ellas, 11.200 son erróneas y otras 4.500 son "defraudaciones", según el letrado.
Gas Natural defendió durante la vista que la ejecución de esas medidas cautelares ocasionaría un enorme coste a la compañía, dado que le obligaría a modificar todo un "complejísimo" sistema informático y que sería "materialmente imposible" llevarlo a cabo antes de que el juez dicte sentencia tras el juicio, que se celebrará en dos semanas. El abogado añadió que esa práctica perjudicaría a los clientes que pagan sus recibos y beneficiaría a los defraudadores, por lo que pidió su desestimación.
El representante del Ministerio Público defendió sin embargo que Gas Natural Fenosa incumple la ley sectorial que impide realizar facturaciones con retrasos superiores a un año y que en algún caso remitió facturas con más 3.000 euros. "Es una práctica abusiva en todos los casos trasladar al consumidor las consecuencias económicas de errores que no le son imputables", advirtió al fiscal, que aseguró que el Instituto Galego de Consumo ha recibido muchas reclamaciones de este tipo y sancionado a la compañía en reiteradas ocasiones.
El Ministerio Público aporta en su demanda 65 casos de consumidores sólo del área más próxima a A Coruña, lo que en su opinión demuestra que Gas Natural Fenosa incumple "sistemáticamente" la legislación, como así lo "reconoce" en los numerosos expedientes sancionadores que ha enfrentado en Galicia, en los que asume el error, compensa al consumidor que reclama, anula la factura errónea y paga una sanción de 3.000 euros. "No podemos esperar a la firmeza de la sentencia contra esta práctica abusiva que hay que cortar de raíz, ya que las sanciones administrativas no han producido un efecto disuasorio", concluyó el fiscal.
