El secretario y abogado de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), el gallego Juan Castro-Gil, denuncia que la inversión en proyectos fotovoltaicos fue impulsada por el Gobierno mediante campañas publicitarias "que los vendían como seguros, éticos y responsables". "Finalmente, el Estado perjudicó a los ahorradores con cambios legislativos ante las presiones de las grandes empresas energéticas, que veían que iban a perder buena parte de su mercado. De ahí también el reciente decreto contra el autoconsumo", relata Castro-Gil. Un "impuesto al sol", sostiene, que pretende frenar la expansión de la energía fotovoltaica porque el coste actual de instalación es "muy bajo, nada que ver con cuando se empezó a usar esta tecnología".

El directivo de Anpier en Galicia abunda en que esa presión de las eléctricas es lo que provoca la "discriminación e injusticia" de que un usuario que emplea un generador a gasoil para producir su electricidad no tenga que pagar impuestos y uno que recurre a las placas fotovoltaicas sí.

"El frenazo al sector dejó al borde de la ruina a miles de ahorradores, que tuvieron que refinanciar su deuda a intereses monstruosos, del 7% o más. Muchos lo han perdido todo. Conozco a un peluquero de Valencia que tiene su peluquería embargada, y aquí en Galicia también hay casos", asegura el secretario de la asociación.