España incurrió en 2015 en un déficit público del conjunto de sus administraciones públicas del 5,16% del Producto Interior Bruto (55.755 millones de euros), lo que representa un incumplimiento de casi un punto porcentual (0,96% del PIB) respecto al 4,2% comprometido con Bruselas. El Gobierno admitió así una desviación por valor de 10.373 millones respecto a lo pactado con la UE, de lo que acusó a las comunidades autónomas, a las que pretende limitar el gasto en el presente ejercicio.

El ministro de Hacienda, que ayer compareció ante los medios de comunicación para dar cuenta del desfase, obvió sin embargo el impacto que sobre las cuentas de las administraciones han tenido la reforma fiscal. El dato sin embargo está detallado en el informe de recaudación tributaria del pasado ejercicio, que también se hizo público ayer. La Agencia Tributaria cifra el impacto de los "cambios normativos vigentes en 2015" en 7.846 millones, lo que supone un 75,6% del desfase de déficit previsto e impuesto a España por la Comisión Europea. Los sindicatos atribuyeron el desfase a los "regalos fiscales" del Gobierno de Rajoy y los excesos de la campaña electoral.

La mayor parte de esa cifra se debe a la rebaja fiscal sobre los impuestos directos, que se lleva 5.984 millones. La rebaja del IRPF tuvo un coste para el Estado de 4.813 millones (271 en la bajada para las rentas del capital y 267 por las nuevas deducciones anticipadas a familias numerosas y dependientes). La rebaja del impuesto de Sociedades dejó fuera de las arcas del Estado otros 1.089 millones de euros, a los que se unen otros 1.952 millones de modificaciones hechas con anterioridad.

De los cambios normativos al margen de la reforma fiscal, hubo tres que aumentaron los ingresos: El canon sobre la hidroeléctricas; el alza del IVA sobre algunos productos sanitarios y operaciones de notarios y registradores y los ingresos derivados por la devolución de las paga extra de los funcionarios en las comunidades autónomas. Todo ello sumó 1.394 millones de euros a las arcas del Estado en 2015. Pese a todo esto, la recaudación tributaria aumentó un 4% (ver página siguiente).

EPor administraciones. Según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Hacienda, la Administración central contribuyó al déficit total con 2,76 puntos de PIB (29.822 millones), a lo que hay que sumar el saldo negativo de la Seguridad Social (1,26 puntos de PIB, equivalentes a 13.614 millones). Esto arroja un total de 43.436 millones atribuibles al aparato central del Estado.

Las comunidades autónomas incurrieron en números rojos equivalentes al 1,66% de la producción nacional (17.936 millones) y las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y mancomunidades) obtuvieron un superávit del 0,44% del PIB (4.754 millones). El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, acusó a las autonomías de ser las causantes del incumplimiento -lo mismo ocurrió en 2011, en el último ejercicio de Zapatero- por haber superado el objetivo de déficit que les impuso el Gobierno de Rajoy, aunque el ministro admitió que el límite máximo de descubierto que les asignó a las regiones era un "objetivo exigente y ambicioso". No obstante, el ministro sostuvo que el hecho de que tres de las 17 comunidades (Canarias, Galicia y País Vasco) lograran cumplir con lo que se les exigió significa que la meta era alcanzable.

La acusación de Montoro se fundamenta en que la Administración central (sin la Seguridad Social) cerró con un déficit de 14 centésimas por debajo del objetivo (2,9% del PIB) que el Gobierno central se concedió a sí mismo, y las corporaciones locales consiguieron un superávit de 0,44 puntos cuando se les había pedido sólo el equilibrio. Por el contrario, la Seguridad Social rebasó el máximo de déficit previsto en 0,6 puntos y las comunidades autónomas superaron el que les impuso el Gobierno de Rajoy en 0,96 puntos (10.373 millones).

Las comunidades autónomas (que gestionan un tercio del gasto y a las que sólo se les permite un octavo del déficit público total del Estado) discrepan con este reparto vertical del margen de desfase presupuestario: a la Administración central (sin Seguridad Social) se le permite un descubierto del 2,9% del PIB y a las autonomías, del 0,7.

EIncumplimiento con Bruselas. El incumplimiento español del déficit comprometido con Bruselas (y que ayer fue censurado por todos los partidos de la oposición como un fracaso) sitúa a España como uno de los dos países con mayor desfase. Éste superó incluso el incumplimiento que había pronosticado el pasado otoño la Comisión Europea (4,5%, tres décimas más de lo exigido) y que el Gobierno de Rajoy negó en público hasta el 11 de febrero, pese a que en octubre lo había reconocido en un documento dirigido a Bruselas. Todo esto complica la pretensión española de lograr de las autoridades europeas un nuevo aplazamiento de la convergencia fiscal exigida.

Montoro anunció que, en aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prohibirá a las comunidades autónomas incumplidoras que incurran en nuevos gastos en 2016 y les exigirá que destinen a enjugar el déficit la totalidad de los 10.000 millones adicionales previstos para las administraciones autonómicas en los presupuestos de 2016. Precisó que esto no supondrá la exigencia de "recortes" sino de "límite de gastos" adicionales.

Queda por saber la decisión que tome la UE, dado que Bruselas ya había exigido a España el 4 de febrero un ajuste adicional de casi 9.000 millones porque, a su juicio, el presupuesto de 2016 aprobado en agosto por el PP no permitirá a España cumplir con el objetivo de déficit en 2016: un máximo del 2,8%.

Con independencia de tales recortes, España, al haber cerrado en 2015 con un saldo fiscal negativo del 5,16%, debería hacer este año un ajuste (con menos gasto o con más ingresos) de 2,36 puntos de PIB (25.500 millones), cuando en 2015, con unas condiciones excepcionalmente favorables (crecimiento del PIB del 3,2% y una merma voluminosa de los intereses de la deuda gracias a la expansión monetaria del BCE), el déficit público apenas se recortó en 0,63 puntos respecto a 2014.