En 2012 la Unión Europea elaboró un informe sobre el impacto del envejecimiento de la población sobre las cuentas de los países. Un texto que acaba de corregir (The 2015 ageing report) y en el que la previsión de gasto público en relación con las pensiones "se rebajó en todos los países excepto en España, Letonia y Portugal". El primer documento, para el caso español, estimaba para 2060 una masa de población activa -en edad de trabajar, entre 15 y 64 años- de 29,175 millones de personas; ahora estima que apenas superarán los 26 millones. Desde este año y hasta 2060 España perderá 5,095 millones de activos sin que vaya a producir un incremento de la tasa de empleo u horas trabajadas, según el informe. Y esto se complementa con que para entonces un 30% de la población tendrá más de 65 años (ahora tienen un peso del 17,9% sobre el total) y que, entre los ciudadanos ya jubilados, el 50% vivirá más allá de los 80 años (hace tres años la previsión era del 45,6%). Como había advertido también la OCDE, la tasa de reemplazo (el porcentaje del último salario que se cobrará de pensión en el momento del retiro) pasará del 79% actual al 48,6%, de modo que la Seguridad Social apenas aportará la mitad del último sueldo a los pensionistas.

Esta realidad no es completamente nueva, pero el documento de Bruselas sí es llamativo porque muestra la velocidad a la que se deteriora la realidad demográfica española. Mantener un gasto del 11% del Producto Interior Bruto (PIB) en pensiones con 19 millones de cotizantes en 2060 pero con el doble de pensionistas (14,162 millones) y tres millones menos de población activa es una ecuación imposible de resolver con el sistema actual, con todo el peso de las pensiones sobre los presupuestos.