"El sistema eléctrico funciona tan bien que la interrumpibilidad no se necesita". Así de claro y directo fue ayer el director general de Operación de Red Eléctrica de España (REE), Miguel Duvisón, cuando en un encuentro con periodistas en Madrid con motivo de la junta de accionistas que la firma celebrará el viernes hizo balance del sistema de bonificaciones que reciben las grandes industrias de consumo intensivo en electricidad a cambio de reducir o interrumpir su abastecimiento en caso de emergencia del sistema eléctrico. Este instrumento de gestión de la demanda, diseñado para hacer frente al riesgo de apagones, se ha convertido en el modo de reducir la factura eléctrica de las grandes industrias, como Alcoa y Megasa, entre otras, que desde hace años claman por un sistema tarifario más ventajoso y con precios estables que les permita competir en precios con las grandes metalúrgicas y siderúrgicas del resto de Europa y planificar su actividad e inversiones a largo plazo.

Países como Francia y Alemania han articulado medidas para reducir los peajes de acceso, una parte regulada del recibo, que así se ve abaratado. La respuesta del Ministerio de Industria, de repartir esas bonificaciones -550 millones este año- de interrumpibilidad en una subasta que marca su precio a un año, tampoco satisface a las empresas. Exigen que al menos esa puja se realice a tres años vista. A esta lucha se unieron los trabajadores de la planta coruñesa de Alcoa (casi 400 empleados), los de San Cibrao, en Lugo, (1.200) y los de Avilés (400), además de los de otras firmas, que ven peligrar la viabilidad de sus instalaciones y, consecuentemente, sus puestos de trabajo. Alcoa ya llegó a presentar un ERE para las fábricas de A Coruña y Avilés a finales de 2014 tras no obtener las bonificaciones que necesitaba para producir a un "precio competitivo" pero acabó por retirarlo cuando Industria convocó una puja extraordinaria para repartir los paquetes de primas sobrantes de la primera subasta y arañó una rebaja mayor, aunque insuficiente, según la aluminera.

El Ministerio de Industria renuncia un año más a atender las demandas de esta industria, a pesar de que ya el ejercicio pasado se comprometió a estudiar una modificación de las subastas. Red Eléctrica de España, que es el operador del sistema eléctrico y el encargado de organizar la subasta, trabaja ya en la tramitación previa mano a mano con el Ministerio y su previsión es volver a convocar una puja anual, con efectos sólo para 2017. El mismo modelo que utilizó el año pasado y con el que Alcoa no salió totalmente satisfecha. De hecho, la aluminera estadounidense mantiene un plan de revisión de la viabilidad de sus plantas de todo el mundo y ha dejado claro que la supervivencia futura del centro coruñés no está garantizada.

Miguel Duvisón precisó ayer en Madrid que REE trabaja ya con la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio, en la tramitación previa de esa subasta "en términos análogos a los del año pasado" para convocarla en el mes de septiembre. La incertidumbre sobre quién gobernará España en los próximos meses, sin embargo, puede dar al traste con el proyecto, dado que aunque el Ejecutivo confía en tener tiempo para aprobar las resoluciones necesarias para convocar la puja antes de que se produzca un cambio de Gobierno, "nadie puede asegurar que sea así", admitió Duvisón, sobre todo si el PSOE logra un acuerdo de investidura que precipite los plazos. Esta opción haría muy complicado que la subasta se produjese antes de finales de año.

El director general de Operación de REE dejó claro sin embargo que la interrumpibilidad no presta actualmente el servicio para el que fue diseñada, y eso que en la última regulación se introdujo la posibilidad de solicitar a las empresas la interrupción por motivos económicos, no sólo por emergencia técnica. "Aún no se ha dado ninguna orden de interrumpibilidad", dijo ayer Duvisón, y añadió que REE ni siquiera ha realizado pruebas técnicas (órdenes que se dan no por necesidad, sino para comprobar que los sistemas de desconexión de las industrias funcionan y responden a la solicitud). Las habrá "en breve", aseguró, y serán como las interrumpibilidades ordinarias, sin previo aviso.

El Ministerio de Industria sí tiene claro que puede convocar la subasta a pesar de estar en funciones. Al menos así lo aseguran los informes jurídicos que solicitó antes de ponerse manos a la obra en la planificación de la puja, que regulará en resoluciones todavía por aprobar y promulgar. El proceso, sin embargo, es largo, dado que antes de convocar la puja, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa el proceso, tiene que realizar un informe sobre las condiciones de la convocatoria y las empresas tienen que acreditar una serie de condiciones para participar en ella.