Red Eléctrica de España (REE), la empresa semipública que opera la red de transporte de electricidad y el sistema eléctrico español lleva diez años sin dar una orden de interrupción del consumo eléctrico a ninguna de las grandes industrias que reciben bonificaciones a su recibo eléctrico a cambio de estar dispuestas a reducir o cesar su consumo en caso de emergencia, lo que se denomina el servicio de interrumpibilidad. Así lo aseguró ayer en Madrid el director general de Operación de REE, Miguel Duvison en la rueda de prensa previa a la celebración, hoy, de la junta de accionistas de la compañía.
Estas primas sumaron el año pasado unos 550 millones, que se repartieron entre grandes industrias, como Alcoa, que ven reducida así su factura eléctrica, una vieja demanda de las compañías intensivas en consumo eléctrico, que demandan precios similares a los del resto de Europa para poder producir en igualdad de condiciones con sus competidores.
El Ministerio de Industria repartió el año pasado unos 550 millones en este concepto entre grandes industrias, pero la cifra es una de las más bajas de los últimos años, con lo que el montante destinado a este fin en la última década superará probablemente los 5.000 millones de euros, aunque los directivos de REE evitaron ayer concretar el dato a falta de cifras oficiales. "Hace diez años que no hace falta aplicar las órdenes de interrumpibilidad", comentó Duvison a preguntas de los periodistas, y añadió que la última vez que se dio una situación crítica en el sistema eléctrico español que obligó a recurrir a este instrumento fue en 2001, aunque hubo otras de escala local, por ejemplo en Andalucía, hace diez años.
El director general de Operación matizó sin embargo no puede prescindirse de ese instrumento "de gestión de la demanda". "Nadie nos puede librar de que sea necesaria en cualquier momento", comentó y precisó que es "el último cartucho" del que dispone REE para garantizar la seguridad de suministro. "No lo consideramos prescindible igual que tampoco lo es un seguro antiincendios en el hogar aunque sea improbable que se produzca un fuego".
El presidente de Red Eléctrica, José Folgado, insistió en la necesidad de contar con esta herramienta y descartó que pueda ser considerada una ayuda de Estado a las empresas por parte de la Comisión Europea, al menos mientras España no incremente su capacidad de interconexión eléctrica con Francia y el resto de Europa, dado que actualmente por ese bajo poder de intercambio, España tiene la consideración de isla energética y en caso de emergencia, no puede echar mano de la producción de sus socios europeos para cubrir esas situaciones. Las interconexiones de electricidad con Francia y Portugal se han convertido en Proyectos de Interés Común (PIC) para la Unión Europea, que tanto en 2014 como el año pasado dio un impulso a estas obras, que según el presidente de REE, José Folgado, permitirán mejorar la competitividad de la economía española porque provocarán una reducción de los precios al consumidor.
Folgado descartó por su parte que los actuales precios de la electricidad puedan provocar la salida del mercado español de grandes industrias como Alcoa o ArcelorMittal. "El peso de la industria en el PIB no ha bajado en los últimos años", argumentó el presidente de Red Eléctrica, quien reconoció sin embargo que los precios españoles están "en el tercio superior de Europa, tanto para el consumidor doméstico como para el industrial" y que esto supone un factor de "menor competitividad" por el peso que esos costes tienen en la industria (un 40% de los de producción en el caso de Alcoa, según sus propios cálculos). Duvison explicó además que las condiciones meteorológicas que se están produciendo este año han provocado un descenso del precio de la electricidad de 20 euros por megavatio/hora, sobre todo por la integración de las energías renovables en el sistema. Precisamente en esta línea Folgado defendió que las interconexiones internacionales permitirían que España contribuyese a la reducción de los costes eléctricos en toda Europa con su generación renovable.
Los plazos de la próxima puja
El director general de Operación REE precisó ayer que para que la subasta de interrumpibilidad se celebre en septiembre, como prevé la compañía y ayer publicó este diario, la Secretaría de Estado de Energía tiene que aprobar una resolución que rija los aspectos técnicos de la convocatoria antes del mes de julio, aunque dejó claro que ni esa fecha está asegurada ante la actual incertidumbre política ni al Estado le generaría un problema retrasarla hasta fin de año, un plazo que disgusta a las empresas porque limita la planificación de su actividad para el año 2017.
