La renuncia, ayer, del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, pone un escollo más en el camino de las industrias grandes consumidoras de energía que como Alcoa optan cada año a las primas al recibo eléctrico a cambio de estar dispuestas a reducir o cesar su consumo en caso de emergencia (interrumpibilidad).

Red Eléctrica de España (REE), la empresa semipública que opera el sistema eléctrico y organiza las subastas de interrumpibilidad, y el Ministerio han empezado a trabajar en el diseño de la subasta de esas bonificaciones para el próximo ejercicio con la idea de volver a celebrarla en septiembre, como el año pasado, como explicó el miércoles el director general de Operación de REE, Miguel Duvison. Pero para que la puja se celebre en esa fecha, el Ministerio tiene que promulgar antes del fin del mes de julio una resolución para establecer una serie de criterios técnicos que REE seguirá a la hora de organizar la puja.

Duvison dejó claro el pasado jueves en Madrid a preguntas de este diario que la subasta podría celebrarse más adelante, aunque las empresas alertan de que dejarla para el otoño o diciembre, como ocurrió en 2014, complica su planificación de producción, encargos y precios para el año siguiente.

La marcha de Soria añade dificultades a los ya estrechos márgenes temporales con los que Industria trabaja para regular la subasta de interrumpibilidad antes de que se forme un nuevo gobierno; bien por un improbable acuerdo que lleve a Pedro Sánchez a la Presidencia, o bien, por la convocatoria de elecciones, que podría producirse en menos de dos semanas, lo que daría un plazo máximo al actual Ejecutivo de dos meses y diez días para sacar la regulación que activaría el proceso antes del relevo en Industria. Pero eso sólo sería el principio, dado que la subasta está supervisada por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene que emitir un informe sobre la convocatoria de la subasta, que realizará Red Eléctrica. Según sus directivos, el resto de los procesos pueden completarse en un mes.

El Ministerio que rige los destinos de la industria del país se quedará en manos de Luis de Guindos de forma interina, aunque la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló ayer que "buena parte de las funciones" del Ministerio serían desarrolladas por los secretarios de Estado, subsecretarios y la secretaría general de Industria. Es precisamente de una de esas Secretarías de Estado, la de Energía, de la que depende la promulgación de esa normativa que Red Eléctrica espera para continuar con la tramitación.

Alcoa evitó estos días opinar sobre la convocatoria de una nueva subasta con una vigencia anual, como la celebrada el año pasado, y en contra de los intereses de la gran industria, que pide un precio más bajo pero también estable en el tiempo para planificar su actividad y producción a medio plazo.

La plantilla de la fábrica coruñesa, sin embargo, reconoció ayer que la marcha de Soria no ayuda por la situación de mayor interinidad que provoca, pero reconoce que no esperaba que la puja de este año mejorase las condiciones de la anterior, en la que la fábrica de A Coruña fue la que salió peor parada de las que Alcoa tiene en España (San Cibrao, en Lugo, y Avilés). "Estamos en un marco de incertidumbre permanente pero Soria llevaba cuatro años en funciones, nunca ejerció como ministro de Industria, no tomó ni una sola medida para reactivar el sector. Tanta paz lleve como la que deja", opinó ayer el presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho.

El comité de Alcoa A Coruña espera que los hechos confirmen las intenciones transmitidas por los directivos de Red Eléctrica, aunque recuerda que el sistema de subastas es un "disparate" que no responde a las necesidades de reducir los precios que la industria de consumo eléctrico intensivo (Alcoa es el mayor cliente eléctrico de Galicia y sus costes energéticos suponen un 40% de los de producción), y apuesta por medidas como la rebaja de peajes de acceso aplicados por países como Francia o Alemania a la industria.

En esta línea, la plantilla mantiene contactos con los grupos políticos para buscar apoyos en un futuro gobierno para promover una solución definitiva que garantice los puestos de trabajo.

El personal está además a la espera de que el Ministerio y la CNMC respondan a sus recursos contra la subasta del año pasado, en que Alcoa pujó sólo por bloques de 5 MW interrumpibles para la planta coruñesa , que implican una menor rebaja eléctrica que los de 90, y supone un agravio comparativo frente a otros centros. "No se cumplieron las normas de la subasta y lo que no se abarata con las bonificaciones pretenden restarlo de los derechos laborales; no estamos en línea con la empresa", añadió Corbacho.