Cientos de conductores que realizan con frecuencia el trayecto de A Coruña a Santiago por la carretera nacional 550 (N-550) pudieron ver en el último año una curiosa imagen, invariable pese al paso de los meses, a la altura del kilómetro 33, en el concello de Ordes: la antes boyante gasolinera Cepsa de la parroquia de Leira apenas tiene actividad y cinco de sus trabajadores permanecen apostados ante ella con una pancarta que reza O xefe de Ponpresa, Fernando Martínez, non paga. Los empleados iniciaron a finales de abril del año pasado una huelga indefinida en protesta por el impago de salarios desde diciembre de 2014, una movilización que mantienen a la espera de juicio. Mientras, suman casi año y medio sin percibir ingresos.
Lo peor, según los afectados, es que esta estación de servicio ordense era "rentable" y su decadencia responde a la "deliberada gestión deficiente" de su propietario. "De repente empezó a encargar menos carburante por decisión propia, no porque no se vendiese. Si al día se comercializaban 10.000 litros, pedía 6.000, y así fue bajando poco a poco", explica uno de los trabajadores, Manuel Ríos. "Y en paralelo, primero cerró la gasolinera de enfrente [la situada en dirección Santiago-A Coruña], redujo los horarios de trabajo, dejó de abrir los fines de semana, festivos, etc.", añade otra empleada, Sandra Gómez.
Los afectados, con entre 11 y 29 años de antigüedad en la estación de servicio, iniciaron la huelga el 28 de abril de 2015, cuando acumulaban de tres a seis mensualidades sin cobrar, y presentaron una demanda para la reclamación de los salarios. Sin embargo, casi un año después están a la espera de juicio, por lo que dos trabajadoras -Sandra Gómez y Rosa Vázquez- acaban de iniciar también un proceso para reclamar la extinción del contrato.
Los empleados aseguran que el propietario de la estación de servicio -arrendada por Cepsa a la firma Ponpre SA- les ofreció aplicar "una especie de ERE" con reducción de horarios y salarios "pero no de forma colectiva, ni tutelada administrativamente, sino con acuerdos individuales" y que también les planteó la posibilidad de "participar en el negocio aportando 40.000 euros cada uno", algo que rechazaron.
Actualmente la gasolinera abierta tiene una actividad "que rondará el 10% de lo que era habitual" y con algunos trabajadores que, según los huelguistas, fueron contratados irregularmente. "Estando nosotros en huelga no podía incorporar gente, y lo hizo", denuncia uno de los empleados, Francisco Miramontes. El responsable de transportes de la CIG -sindicato que asesora a los trabajadores-, Xesús Pastoriza, asegura que la Inspección de Trabajo ya levantó tres actas de infracción por contrataciones irregulares. "Es el resultado de las primeras denuncias que presentamos, pero hay más procesos abiertos", remarca el sindicalista.
La gasolinera de Ordes lleva operativa más de 30 años y sus empleados acumulan entre una década y casi tres de trabajo en ella, por lo que en este año subsistieron con los ahorros que tenían y el apoyo de "padres, pareja e hijos". "Económicamente somos totalmente dependientes", sentencia Felipe Lamas.
Para aliviar la delicada situación económica de los trabajadores, la CIG tiene previsto activar en los próximos días la caja de resistencia del sindicato, con lo que los empleados cobrarían una ayuda económica. La central sindical también presentará una demanda de tutela sobre la libertad sindical -entiende que se está vulnerando el derecho a huelga- y reclamará daños y perjuicios a la firma.
Versión de la empresa
El empresario Fernando Martínez solo reconoció a este diario impagos a dos de los cinco empleados, pero sostuvo que uno no quiso cobrar y otro debía dinero a la gasolinera "y no quiso pasarse a hacer las cuentas". "Todo empezó porque quería aplicar un ERE, como dos años antes, y respondieron, sin conversación alguna, con la huelga", relata el empresario, dueño también de la gasolinera Cepsa de Oleiros.
Martínez asegura que los huelguistas son "una minoría, cinco de doce trabajadores" y defiende que nunca hizo contrataciones irregulares, sino "sustituciones" para cubrir "vacaciones o bajas de los siete que sí están trabajando". "¿O estos no tienen derecho a vacaciones?", cuestiona el empresario. "Quieren acabar con la empresa. La mitad ya está cerrada, con pérdidas grandiosas. Y hubo cuatro atentados contra la gasolinera en sitios que solo ellos conocen", denunció Martínez. Unos supuestos "sabotajes" de los que los trabajadores dicen no ser responsables.
