Para un sector de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el más próximo a su presidente, el Gobierno gallego forzó los tiempos para reclamar justo ahora la devolución de casi 649.000 euros por el incumplimiento parcial del convenio Pexga. "Hay una intención política de dañar y eliminar a la CEG", sostiene un miembro de la ejecutiva, que cree que el expediente no tenía por qué haber "aparecido" en un momento tan delicado para la confederación, tanto a nivel económico como institucional (el uso supuestamente irregular de los fondos se produjo en los años 2012, 2013 y en parte de 2014, cuando hubo una prórroga del plan).
Este frente abierto entre la Xunta y la CEG es complejo no solo por el importe, sino también por el vínculo entre ambas: la patronal ingresa cada año 600.000 euros de subvención y aspira a reeditar -y mejorar- el convenio Pexga de cara a 2017.
