El sindicato UGT exigió ayer al Gobierno que flexibilice los criterios de acceso al Programa de Activación para el Empleo (PAE), que incluye ayudas de 426 euros para parados de larga duración con cargas familiares, de forma que también puedan beneficiarse aquellos desempleados de larga duración sin cargas de este tipo. Esta petición llega después de que el Gobierno prorrogara a mediados de mes el programa por un año más, hasta el 15 de abril de 2017, tal y como exigían los sindicatos, que denunciaron la "escasa incidencia" del plan, al beneficiar a algo más de 100.000 personas, frente a los 400.000 previstos en un principio.
Junto a la extensión del programa a parados de larga duración sin cargas familiares, el sindicato plantea estudiar la posibilidad de que cada beneficiario pueda reactivar el programa por otros seis meses si no se ha incorporado al mercado de trabajo para realizar itinerarios de inserción más completos.
También pide flexibilizar el requisito de estar inscrito como demandante de empleo, para lo que sugiere modificar la exigencia establecida de estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo competente a determinada fecha y la exigencia de haber estado inscrito como demandante de empleo durante 360 días en los 18 meses inmediatamente anteriores a la solicitud de incorporación al programa.
UGT exige además que se elimine o reduzca el periodo que debe haber transcurrido desde el agotamiento de ayudas o prestaciones por desempleo, rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas concedidas por cualquier administración pública, que actualmente se sitúa en seis meses, al tiempo que reclama que la ayuda sea compatible con la percepción de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las administraciones.
Precisamente, el pleno del Congreso de los Diputados convalidará el próximo jueves el decreto ley de renovación de la ayuda a parados de larga duración con cargas familiares, que tendrá un coste aproximado de 361 millones de euros entre 2016 y 2017, según los cálculos del Gobierno.
