La Audiencia de A Coruña tumba el recurso de 7 inversores para recobrar 20 millones de NCG

El fallo ratifica que no hubo engaño al tratarse de empresarios expertos en inversión - Afecta a Hijos de Rivera, Inversiones Gallegas del Cable, Concable, Coren, Copasa, Río Breiro e Inversiones Subel

10.05.2016 | 14:39
Los representantes de las empresas inversoras en NCG, durante la vista del juicio en noviembre de 2014.

Los 4 procesos

  • Primera resolución. El juicio de la demanda de Hijos de Rivera, Inversiones Gallegas del Cable, Concable, Coren, Copasa, Río Breiro (firma de inversión de Jesús Alonso, de Jealsa) e Inversiones Subel (del empresario Luis Fernández Somoza) se celebró los días 11 y 12 de noviembre de 2014 y la sentencia se emitió en enero de 2015. El pasado 3 de mayo se resolvió el recurso presentado por los demandantes contra el fallo, desfavorable
  • Otro fallo desestimatorio. La vista oral de la demanda del empresario Manuel Añón, que invirtió 25 millones, se celebró en enero de 2015 y la sentencia desestimatoria se emitió en abril del año pasado. En su momento el empresario ya anunció que recurriría la resolución
  • Gadisa. El juicio por la demanda del grupo de distribución alimentaria se celebró los días 13 y 14 de diciembre de 2014 y el fallo se publicó en diciembre, favorable a la empresa. Los demandados, NCG y FROB, recurrieron la sentencia
  • Segundo fallo favorable. La resolución del caso liderado por el empresario Manuel Jove —con vista oral los días 20 y 21 de noviembre de 2014 y sentencia en diciembre, días después de la de Gadisa, a favor de los demandantes— también fue recurrida

Los demandantes aún tienen la posibilidad de recurrir la resolución del órgano provincial ante el Tribunal Supremo

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de desestimar el recurso de apelación presentado por un grupo de siete inversores gallegos -Corporación Hijos de Rivera, Inversiones Gallegas del Cable, Concable Inversiones, Inversiones Subel, Río Breiro, Coren y Copasa- contra la sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña que rechazaba la pretensión de las empresas de recuperar los 20 millones de euros invertidos en Novagalicia Banco y que perdieron tras la operación acordeón -de reducción del capital a cero- practicada en la entidad financiera gallega. La demanda inicial iba dirigida contra NCG y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), responsable de su gestión tras su nacionalización en septiembre de 2011 -la inversión de los empresarios gallegos se concretó en enero de 2012-, y reclamaba que se declarase nula la inversión "por dolo o por error en el consentimiento", y exigía "el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos".

Los afectados por la sentencia son Hijos de Rivera, que realizó una inversión de 4 millones de euros en el banco; Inversiones Subel, del empresario Luis Fernández Somoza (fundador de Azkar), con 5 millones; Inversiones Gallegas del Cable, representada por Roberto Díaz Rincón, con otros 4 millones; Río Breiro (Jesús Alonso, de Jealsa), con 3 millones; Copasa (José Luis Suárez), con 3 millones; Concable Inversiones (Juan Álvarez de Mon), con 502.102 euros, y Coren, con 301.261 euros. Contra este fallo cabe recurso ante el Tribunal Supremo en un plazo de 20 días.

La resolución judicial, fechada el pasado tres de mayo, ratifica el fallo de la juez María Pedreira García y su consideración de que no existe dolo en el proceso de entrada en el accionariado "dado que los actores son profesionales, no minoristas". "Ni aparece inequívocamente la intención de engañar o de aprovecharse del engaño, ni la conducta precontractual de las partes tuvo, a juicio de este tribunal, eficacia captatoria, determinante de la voluntad de contratar de los ahora recurrentes", reza la sentencia.

El fallo también descarta engaño en la conducta de NCG por el perfil de los inversores. "No se trata, como reconocen los propios apelantes en todo momento, de consumidores, por lo que no se han infringido unos supuestos deberes de información precontractual", dice el tribunal. "Estamos en presencia de empresarios de reconocido prestigio en Galicia que han admitido contratar por la confianza personal en el presidente de la entidad, el señor [José María] Castellano, y con la intención, sin duda promovida políticamente, de configurar una entidad financiera con capital esencialmente gallego, que conservara la esencia y los valores de las viejas cajas de ahorros de Galicia", indica el texto.

El tribunal abunda en que cualquier asesoramiento financiero al margen de la documentación aportada por NCG y el FROB previa a la entrada en el capital revelaría que la entidad necesitaba ajustes adicionales, puesto que no había captado el capital esperado. "Los empresarios apelantes no podían desconocer que otros interesados, que inicialmente parecía que iban a invertir en Novagalicia, desistieron al comprobar la situación de la entidad financiera y pedir garantías adicionales que el banco no estaba dispuesto a prestar, como siempre hizo constar", incluso en el contrato de compra de acciones de los inversores gallegos, sostiene la sentencia.

Sobre la existencia de error invalidante del consentimiento contractual de los inversores, los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña defienden que los demandantes son empresas "para las que las inversiones en valores no son elemento extraño en su actividad ordinaria", por lo que considera que la falta de asesoramiento especializado (externo o interno) "denota una falta de diligencia profesional que hace inexcusable el error en que pudieran haber incurrido". De hecho, la juez de Primera Instancia desestimó las pretensiones de los siete inversores gallegos alegando que la documentación que recibieron contaba con "una cláusula de disclaimer", que advertía de la necesidad de obtener consejo y asesoramiento externo sobre la inversión, de que la presentación de NCG tenía elementos subjetivos y de que no se garantizaba, "en ningún caso", la inversión.

Los demandantes, sin embargo, defendieron en todo momento que la entidad y el FROB les ocultaron información y les aseguraban que el banco estaba saneado. Precisamente, durante el juicio, en noviembre de 2014, los empresarios relataron que consideraron suficiente garantía de la solvencia de NCG el hecho de que el fondo estatal estuviese en el accionariado y que por ello no solicitaron informes independientes. Otro de los argumentos fue que tanto el presidente del banco, José María Castellano, como el consejero delegado, César González-Bueno, invirtieron en el banco, algo determinante para considerarlo "una buena inversión". El primero puso un millón de euros y el segundo desembolsó 500.000 euros.

La Audiencia de A Coruña estima que nada justifica no analizar, "con el apoyo técnico preciso", las condiciones de la operación y considera "racional, lógica y motivada" la sentencia de Primera Instancia.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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