El Tribunal Constitucional de Andorra dictó una sentencia que obliga al Instituto Nacional Andorra de Finanzas (INAF) a presentar el informe que declaraba que la entidad Banca Privada d'Andorra (BPA) era "inviable" y que, según sus accionistas mayoritarios, fue la base para decidir liquidar el banco intervenido.
La sentencia responde a la impugnación que la familia Cierco, accionista mayoritaria de BPA, presentó contra la decisión de la Agencia Estatal de Liquidación de Entidades Bancarias (AREB) de liquidar el banco "a partir de un documento del supervisor del que no se sabe nada", según informó el Grupo Cierco en un comunicado.
El Constitucional no entra a valorar si se tomaron la decisiones adecuadas o no, ni la importancia del informe en la decisión de liquidar el banco pero anula las decisiones de otros tribunales "que aceptaban la actuación del organismo supervisor (INAF) escondiendo el informe".
