Cargos públicos cobraron la indemnización máxima al cesar antes de la reforma laboral

El Tribunal de Cuentas cuestiona la salida de directivos del ICO y RED.es días antes de entrar en vigor la norma - Critica los pagos del Banco de España tras un cese voluntario

18.05.2016 | 01:47
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.

Cuatro directivos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y uno de la entidad RED.es cesaron de sus cargos días antes de la aprobación de la reforma laboral de 2012, lo que les permitió cobrar indemnizaciones "muy superiores" a las que les hubiera correspondido con la nueva normativa, según señala el Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal de los años 2012 a 2014. El organismo aclara que esta forma de actuar no supone "infracción de ninguna norma legal", pero sí resalta que de haberse producido los ceses días más tarde el coste de las indemnizaciones habría sido muy inferior, ya que la reforma laboral del PP impide las indemnizaciones superiores a siete días por año de servicio con seis mensualidades máximas, elimina las indemnizaciones cuando el alto cargo sea empleado de una entidad pública con reserva de plaza y reduce a 15 días el plazo para comunicar el desistimiento.

Unas condiciones que no se aplicaron a cuatro directivos del ICO y uno de RED.es, que cesaron entre el 17 de enero y el 10 de febrero de 2012 -la reforma laboral fue aprobada el 11 de febrero-, y que percibieron las indemnizaciones máximas estipuladas en sus contratos: 45 días de salario por año trabajado e indemnización de tres meses de salario por preaviso incumplido.

En cualquier caso, el organismo fiscalizador constata que las reformas aplicadas por el Gobierno a partir de 2012 para controlar el régimen retributivo y el contenido de los contratos de alta dirección permitió "reducir sensiblemente" las indemnizaciones a los directivos, consiguiendo así un "ahorro efectivo" de fondos públicos.

Y es que, con carácter general, todas las entidades fiscalizadas adaptaron el número de directivos y su estructura retributiva, no superaron los límites salariales máximos, no provocaron incrementos retributivos por la adaptación de los contratos y redujeron las indemnizaciones por extinción de contratos.

Hubo, no obstante, incidencias como que ninguna de las entidades cumplió los plazos previstos o que sólo el Instituto Cervantes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el ICEX redujeron el número de directivos, mientras que la aplicación de los límites retributivos sólo se tradujo en una reducción en algunos organismos.

Por contra, subió la retribución de algunos directivos del Cervantes, la CNMV, el ICEX y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que al integrar a media docena de anteriores reguladores fue la única entidad en superar el número máximo de directivos permitido al finalizar 2014.

El Tribunal de Cuentas también critica en su informe que el Banco de España pagara una indemnización equivalente a la de despido improcedente a su anterior secretario general, José Antonio Alepuz, a pesar de que su abandono del cargo en septiembre de 2011 se produjo "por voluntad propia". Alepuz había aceptado una oferta de trabajo en una entidad sometida a la supervisión del organismo público.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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