El control de las cuentas del Estado

La gran mutualización

La deuda pública española supera el 100% del PIB por vez primera en un siglo, impulsada, entre otros factores, por la colectivización de riesgos privados contraídos durante la burbuja que derivó en la crisis

22.05.2016 | 01:45

La deuda pública española, que apenas representaba el 39,5% del producto interior bruto (PIB) nacional cuando en 2008 se desencadenó la crisis económica -era 22 puntos inferior al promedio de la UE (61,5%) y se situaba en la mitad del ranking de los entonces 27 países de la Unión-, es hoy la séptima mayor de la UE, desde 2013 rebasa con amplitud el promedio europeo y culminó el pasado mes de marzo en el entorno del 101% del PIB, un nivel desconocido por España desde 1909, entonces a consecuencia del Desastre de 1898.

El virulento y vertiginoso crecimiento del endeudamiento soberano español durante la Gran Recesión de 2008-2014 es un ejemplo de manual de la colosal transformación en deudas públicas a la que propenden los débitos privados en periodos críticos de hundimiento de la actividad económica, de acuerdo con el principio teórico de que las deudas privadas tienden a convertirse en obligaciones públicas.

Esta gigantesca mutualización se produjo en todos los países avanzados. Durante esta crisis los endeudamientos estatales crecieron de media en el mundo desarrollado un 51%, según el Instituto Global McKinsey, y esto al tiempo que se aliviaban, aunque con mucha menos intensidad, los apalancamiento privados, en parte como consecuencia de la transferencia de quebrantos a los estados desde el ámbito de las familias, las empresas y los bancos. Como aseguró el Banco de España en su boletín del pasado verano, "una de las principales consecuencias de la crisis económica y financiera ha sido el incremento de las ratios de endeudamiento público de los países desarrollados hasta niveles que representan en muchos casos máximos históricos".



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En España el fenómeno ha sido mucho más raudo e intenso como consecuencia de algunos rasgos específicos, el principal de los cuales fue la monumental acumulación de deudas en la que incurrieron los ciudadanos y las empresas con la banca y con los mercados de capitales, y la de los bancos con los mercados internacionales mayoristas para financiar un modelo de crecimiento (el de 1998-2008), que se fundamentó en una gigantesca acumulación de débitos, la confianza en una revalorización persistente de activos que respaldara ese riesgo, un saldo exterior por cuenta corriente deficitario y creciente (llegó a ser de 100.000 millones anuales) y una vorágine especulativa cuya eclosión se llevó por delante la solvencia de miles de familias, empresas y entidades financieras y puso en gravísimo aprieto (especialmente en junio de 2012) la del propio Tesoro español.

Por consiguiente, el primero de los muchos mitos de la crisis es el que atribuyó el alza súbita e indomable de la deuda estatal a partir de 2008 al supuesto carácter manirroto del Gobierno de turno por su gasto negligente y licencioso. Que la tesis era inconsistente lo demuestra que la deuda ha seguido creciendo de forma desbocada. Pese a cinco años consecutivos de recortes y de austeridad, pese a la mayor subida de impuestos de la democracia (hubo 50 alzas tributarias desde diciembre de 2011), pese a las compras masivas de deuda soberana por el BCE (lo que permitió doblegar las primas de riesgo y bajar los intereses que paga el Estado a sus prestamistas, hasta situarlos en tipos negativos en algunos tramos), pese a un crecimiento del PIB del 3,2% en 2015 (el octavo mayor de la UE) y pese a la reducción del gasto en desempleo por la disminución del paro y por la menor tasa de cobertura y protección de los parados, la deuda pública escaló hasta superar el 100% del PIB y se situó en más de 1,095 billones.

De modo que si con Zapatero la deuda creció en 353.642 millones durante la crisis, con Rajoy aumentó (pese a las mejores condiciones del entorno) en 351.828 millones. Intentar explicar este inusitado ascenso de la deuda en 705.470 millones atribuyéndolo -como se hizo- a las políticas de estímulo fiscal de 2008-2009 (26.000 millones) es quimérico, y más porque, como dijo Mariano Rajoy en Bruselas en octubre de 2012 a apropósito del alza de la deuda soberana española por pedir el rescate financiero a Europa, "40.000 millones son sólo cuatro puntos de PIB".

EEstabilizadores automáticos. En realidad, lo que ha ocurrido estos años es, junto con otros factores coadyuvantes, una magna colectivización de riesgos, pérdidas y deudas privadas. Esta socialización se produce por muchas vías, algunas de las cuales se activan sin que nadie lo decida, porque son parte de los resortes que desencadena la propia economía para forzar su reequilibrio y atenuar las fases del ciclo.

Estos estabilizadores automáticos son fundamentalmente el hundimiento de los ingresos tributarios, el gasto público en protección de los parados e incluso el ahorro de las empresas y familias para intentar restablecer su solvencia y liquidez. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), más de la mitad del aumento de la deuda pública mundial (creció en 25 billones entre 2007 y 2014) obedeció a estos mecanismos.

En España el efecto fue mucho mayor porque el endeudamiento de empresas, ciudadanos y la banca era enorme (286% del PIB en 2007, según el FMI) y porque el endeudamiento del conjunto de la economía española con el resto del mundo era, según el Fondo, el segundo mayor del planeta en términos brutos y es, según Eurostat, el quinto de la UE en términos netos.

El hundimiento de los ingresos tributarios también fue más gigantesco en España. El Estado dejó de recaudar de forma súbita 70.000 millones anuales (siete puntos de PIB), la mayor pérdida de ingresos públicos del mundo avanzado, según la OCDE. En ello fueron determinantes la mayor destrucción de empresas (por el elevado endeudamiento societario, por su acusada dependencia de la demanda interna y por su excesiva exposición a la burbuja inmobiliaria), lo que supuso un retroceso del 64% en la recaudación del impuesto de sociedades, además de los efectos en el IRPF y el IVA por el ascenso meteórico del paro (el segundo más alto de los países avanzados) por la peculiar capacidad española para crear y destruir más empleo por unidad de PIB que otros países análogos.

El aumento desaforado del paro (3,5 millones de personas), atribuible en un alto porcentaje a la explosión de la burbuja gestada en 1998-2008, espoleó el gasto público hasta los 35.000 millones anuales sólo por este concepto. En conjunto, los ingresos se hundieron siete puntos de PIB y los gastos subieron otro tanto, lo que abrió una sima de 14.000 millones al año.

El diseño de la política tributaria española tampoco ayudó porque en el decenio anterior unos y otros gobiernos siguieron la estrategia lafferiana, de reducción y supresión de figuras impositivas, lo que hizo descansar la capacidad recaudatoria sobre la burbuja y el ciclo económico, de modo que cuando ambos se desmoronaron, la recaudación se despeñó con más intensidad. Todos los países rescatados en Europa habían seguido más o menos este plan procíclico de los impuestos y todos ellos encabezan hoy la lista de endeudamiento exterior.

ETipo de cambio. La unificación de la política monetaria y cambiaria por la pertenencia de España al área del euro supuso que los mercados financieros, ante la imposibilidad de diferenciar la fortaleza de las economías nacionales por el tipo de cambio y el tipo de interés exigido a los particulares, lo expresasen a través de la prima de riesgo de sus estados, lo que indujo a un encarecimiento de la financiación del Tesoro -y consiguiente aumento de la deuda pública- hasta que el famoso golpe de timón del BCE el 26 de julio de 2012 en Londres alivió la tensión con su respaldo al euro y a las deudas soberanas.

Que países entonces con mucha mayor deuda pública que España -y aún hoy en algún caso- sufrieran un menor ataque de los mercados que el bono español explicita que era el miedo al endeudamiento total de la economía -no sólo de las administraciones- lo que se expresaba con la tensión de los diferenciales de riesgo, lo que tenía lógica dada la probada capacidad de transmutación de los fallidos privados en destrozos públicos. Se había visto en Japón con el estallido de su propia burbuja una década antes y en muchos otros precedentes.

En la medida además en que la rentabilidad de los bonos públicos determina la senda de los intereses de los bonos corporativos -con los que el Estado compite en la captación de ahorro-, y en tanto que existe una correlación inversa entre el coste de la deuda y la cotización bursátil (la Bolsa baja si el interés de la deuda pública sube), los acreedores y prestamistas internacionales lograban plenamente su objetivo de tasar su apreciación de riesgo sobre el conjunto de la economía española expresándolo únicamente sobre el precio y rendimiento de los bonos del Estado.

Esto hizo cundir la engañosa percepción de que el único problema de España era su deuda pública (hoy sedado por la expansión monetaria del BCE) cuando el drama era y es que España es el octavo país del mundo, según McKinsey, con mayor pasivo (público y privado), equivalente a más del 300% del PIB.

Tampoco fue tenido en cuenta que las agencias calificadoras S&P en 2009 y en 2010, y Moody's en 2011, y Jim O'Neill, del banco de negocios Goldman Sachs, en 2011, ligaron sus rebajas de rating y juicios severos sobre España también a su deuda privada y al miedo a que tuviera que producirse un rescate del sector privado por el Estado que llevara a éste a la insolvencia, como le ocurrió a Irlanda en 2010.

El grave apalancamiento del sector privado con la banca, la convicción de que el Estado tendría que salir en auxilio del sistema financiero si pinchaba, la elevada acumulación por los bancos en sus balances de crecientes volúmenes de bonos públicos (y por lo tanto de riesgo soberano) y la convicción de que la Hacienda pública tendría que restablecer su solvencia haciendo recortes y subiendo impuestos (y deprimiendo por ello aún más la economía durante algún tiempo, como ocurrió) conformó un triángulo de retroalimentación y de contagio recíproco de riesgos y costes. A este bucle perverso se sumó la necesidad creciente de financiación por el Estado para tapar el agujero del hundimiento de ingresos y alza de gastos ligados a la crisis y al paro, lo que drenó aún más la ya tasada financiación al sector privado (el conocido como efecto expulsión) y agravó la crisis para muchos actores. Esto se tradujo en más paro, más gasto público y menos ingresos tributarios, a la vez que en el aumento de la deuda de los contribuyentes con el fisco, que superó en 2015 los 50.000 millones (5% del PIB).

El paro elevado y las bajadas salariales (dos mecanismos severos de autocorrección de la economía para depurar sus desequilibrios por los excesos cometidos durante la fase alcista) siguen alimentando la deuda pública al trasvasar déficit al Estado mediante la merma de los ingresos de la Seguridad Social, ahora principal motivo de inquietud.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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