La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera "ligeramente" más remoto que España pueda cumplir el objetivo de reducción del déficit al 3,6% del PIB tras analizar los ingresos del Estado durante el primer trimestre, especialmente por la tendencia que se prevé en la Seguridad Social y la evolución de la recaudación en el Impuesto de Sociedades, el que grava los beneficios de las empresas. Fuentes de este organismo autónomo de control de los desajustes del Estado presentaron ayer nuevos instrumentos para la medición de probabilidades respecto de la evolución de las cuentas de las administraciones públicas ante los medios de comunicación, a los que han trasladado su inquietud.

La AIReF cree que alcanzar el 3,6% del PIB sigue siendo factible, aunque "exigente", aunque dado el comportamiento de algunos parámetros en los tres primeros meses del año, el objetivo queda un poco más lejos por la "práctica certidumbre" de que el déficit de la Seguridad Social cerrará por encima del 1,1% del PIB fijado, sobre todo por la menor transferencia de presupuestos del Estado al SEPE.

El organismo que dirige Luis Escrivá advierte de que las cotizaciones crecen a un ritmo anual del 1,9% con un avance de la afiliación del 2,8% y el gasto, un 2,9%. "Cumplir el objetivo requiere un crecimiento del 8,9% en el conjunto del año", sentencia. También destaca una reducción del peso de los empleos en el PIB y un incremento de las pensiones, así como la caída del 11% de las prestaciones por desempleo "por encima de lo previsto". En cambio, aprecia un crecimiento elevado en la prestación por incapacidad temporal, del 11%. La AIReF advirtió además de las "tensiones" en los ingresos del impuesto de Sociedades, que se redujeron un 50%, a causa de la última reforma fiscal y la caída de los pagos fraccionados.

Escrivá dejó claro que es posible que estos ingresos se vean compensados con los de otras tasas aunque el organismo ha pedido información al Ministerio de Hacienda sobre las actuaciones que piensa desarrollar en este sentido. El organismo ve factible que las comunidades cumplan, salvo Murcia y Comunidad Valenciana.