El juicio por las polémicas tarjetas 'black' de Caja Madrid, que sentará en el banquillo a 66 investigados entre los que figuran los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato, comenzará el próximo 23 de septiembre en la Audiencia Nacional, han informado fuentes jurídicas a Efe.

Aunque será del 30 de septiembre al 7 de octubre cuando la sala proceda al interrogatorio de los antiguos usuarios de las tarjetas a los que se les acusa de apropiarse de forma continuada e indebida del patrimonio de Caja Madrid por medio de un sistema "opaco" no justificado.

El orden de declaración será una incógnita hasta el mismo día 30, si bien se espera que inauguren la vista los expresidentes Miguel Blesa, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión, y su sucesor en el cargo, Rodrigo Rato, que se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel.

A continuación, los días 10, 11 y 13 de octubre desfilarán por la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) los testigos.

Una vez finalizados los interrogatorios a los peritos, cuya última sesión está programada para el próximo 15 de noviembre, la sección cuarta de la sala de lo Penal valorará las pruebas documentales, así como los informes durante tres días (16, 17 y 18 de noviembre).

Delito continuado de apropiación indebida

Los 66 usuarios de las tarjetas están acusados de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto parte de los más de 15 millones de euros gastados en hoteles, restaurantes y otros lujos.

En el caso de Bankia, como heredera del negocio de Caja Madrid, la entidad pide penas a los exconsejeros y exdirectivos en función del dinero gastado y el que hayan devuelto.

De ese modo, reclama dos años entre rejas a una veintena de antiguos miembros del consejo, que gastaron más de 50.000 euros, entre ellos el ex secretario de Estado Estanislao Rodríguez-Ponga y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

Para algunos antiguos consejeros, a pesar de que cargaron importes superiores a 50.000 euros, se pide entre cuatro meses y un año a tenor de las sumas reintegradas.

A aquellos con un gasto por debajo de esta cifra, Bankia solicita penas de entre tres y seis meses, como es el caso del expresidente de CEIM Arturo Fernández y el exministro socialista Virgilio Zapatero, respectivamente.