"La CEG no está en situación de insolvencia, sino que adolece de un problema transitorio de tesorería que es perfectamente subsanable con una reestructuración de sus gastos". Por tanto, la duda sobre la aprobación o no del nuevo (y tercer) plan de viabilidad de la patronal gallega se revela como una herida más que supura del cisma interno de la organización, que el próximo martes sabrá al fin si sortea la quiebra. "Abocar a la CEG a un concurso de acreedores" sería "un bochorno y una vergüenza nacional", dice el documento. La manera de evitarlo, ocho despidos (el 40% de la plantilla) con veinte días de indemnización y reducción de salarios de entre el 5 y el 30%. El presidente de la CEG, Antonio Dieter Moure, ha convocado para el lunes a los presidentes de las confederaciones provinciales para medir los apoyos con los que cuenta.

El asesor económico de la patronal gallega, Regino Gómez Villalobos, realizó tanto cambios estéticos como de fondo en el plan respecto a los dos que había elaborado previamente y que fueron rechazados por la directiva. Ha rebajado la indemnización a la plantilla al mínimo legal, frente a los 45 días que planteó de inicio, con lo que la factura en finiquitos pasa de casi 255.000 a 130.000 euros. Pero, teniendo en cuenta que el ejercicio 2015 cerró en positivo y ante posibles demandas de los afectados, la confederación ha provisionado otros 135.000 por si la indemnización tiene que ser de 33 o 45 días. Los primeros cinco despidos se ejecutarán el 31 de julio, otro el 30 de septiembre y los dos últimos a finales de año.

La rebaja salarial, que solo en el caso del secretario general reducirá el coste para la CEG en 2.344 euros por nómina, tendrá un impacto positivo en las cuentas de 22.671 euros al mes (ahora paga 60.023 euros en este concepto). Por primera vez, además, cuantifica el impacto contable de la reclamación de 650.000 euros del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), por el incumplimiento parcial del Plan Pexga. Quiere devolver a la Xunta 122.150 euros en cinco anualidades, y los 526.827 euros restantes se pelearán en un contencioso. La única partida que aumenta en el capítulo de ingresos es por arrendamientos de salones y despachos de la sede, que considera que podrán suscitar el interés de "asociaciones o federaciones" que quieran tener una oficina en Santiago. Son 3.600 euros que tendrían que abonar al año.

El resto se mantiene sin cambios. Los 600.000 euros de la Ley de Participación Institucional (subvención de la Xunta) y los 1,8 millones de un Pexga que no ha empezado a negociar -en año electoral- y que expira en diciembre. En este punto el plan de viabilidad admite la posibilidad de perder este programa, el único que tiene la CEG tras renunciar al Galactea, Eurest y de Orientación Laboral. "Una vez finalice el Pexga el 31 de diciembre de 2016, y ante las dudas razonables de que se vaya a renovar para el año 2017, habría que proceder al despido de cuatro personas". La reducción de plantilla se elevaría entonces a doce trabajadores.

De los 1,8 millones que ingresa del Pexga al año, la patronal apenas se queda con 180.000, con lo que este programa es más importante por el músculo internacional que aporta, no por lo que reporta a las cuentas. A día de hoy la CEG debe 357.407 euros a las ocho empresas que gestionan el Pexga en otros tantos países. El 30 de junio entrará en mora con el pool bancario con una deuda total de 160.800 euros, tiene que pagar la Seguridad Social de mayo, las nóminas de junio y acumula deudas (de este año y el pasado) por 164.000 euros.

Para hacer frente a todo este pasivo, que es el fin último del plan de viabilidad, pedirá un préstamo de 1,2 millones (hipoteca sobre la sede), un aval bancario para recurrir la sanción del Igape y una póliza para pagar a las plataformas Pexga. Dos millones en total de oxígeno financiero del que solo podrá disponer si, por primera vez desde antes de la llegada de Alvariño, la patronal se pone de acuerdo. Aquí, tal y como inciden fuentes empresariales, será determinante la postura de Antonio Fontenla, líder de los empresarios de A Coruña. El apoyo de las sectoriales al plan de Dieter está garantizado, pero no el de la patronal coruñesa. "Va a ser complicado", admiten los empresarios.