El Supremo rechaza por un voto el recurso de la fotovoltaica por el recorte de primas

Unas 2.500 familias gallegas invirtieron alrededor de 800 millones de euros en huertos solares - La asociación que agrupa a los afectados recurrirá al Constitucional

29.06.2016 | 02:55
Juan Castro-Gil.

La sala tercera del Tribunal Supremo volvió a desestimar, como ya hizo con tres denuncias de productores de renovables, el recurso presentado por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) contra la normativa aprobada por el Gobierno en 2014 que recorta la retribución a las energías verdes. El Alto Tribunal rechazó la petición de los afectados por solo un voto de diferencia, con cuatro a favor de desestimarla y tres partidarios de aceptarla. Entre los miles de perjudicados en España por el cambio normativo hay unas 2.500 familias gallegas, según los cálculos del secretario y abogado de Anpier, Juan Castro-Gil, que cifra en unos 800 millones de euros la inversión gallega atrapada en plantas fotovoltaicas.

Este fallo se suma al conocido a comienzos de junio, en el que el Supremo validó tanto el real decreto de 2014 como la orden ministerial posterior en los que se aplica un recorte de cerca de 1.700 millones de euros a las renovables mediante la implantación del nuevo régimen retributivo establecido en la reforma energética del sector eléctrico.

Anpier explicó en una nota que el Supremo desestimó el grueso del recurso presentado por la asociación contra el real decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. La norma forma parte de la "reforma Soria-Nadal" e impuso "severos recortes retroactivos al sector fotovoltaico", indicó la asociación, antes de asegurar que el fallo fue desestimatorio gracias al voto del presidente de la sala, que desequilibró "la balanza de criterios, puesto que tres de los magistrados consideraron inconstitucional parte de la reforma".

"El enfrentamiento de pareceres recogido en la sentencia cuestiona la solidez doctrinal de este fallo y da la razón a todos aquellas sociedades que pudieron buscar Justicia fuera del marco judicial español", afirman los inversores fotovoltaicos. Anpier recuerda que España es el país del mundo con más pleitos pendientes de resolución por presuntos quebrantamientos de los principios esenciales recogidos en la Carta de la Energía.

"Como es evidente, los inversores extranjeros han preferido acudir a una corte de resolución con mayor libertad de decisión que los tribunales nacionales, en donde el resultado ha sido decepcionante: desestimatorio en el fondo y esperpéntico en la forma", lamentó el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca.

La asociación considera que existen "interacciones entre los distintos poderes del Estado" y lamenta que algunos magistrados "miren de reojo la situación política a seguir antes de impartir su justicia". Por este motivo, espera que el nuevo Gobierno, formado por diferentes agrupaciones políticas o en minoría, "acabe definitivamente en España con los vasos comunicantes entre poder judicial y ejecutivo y restaure la seguridad jurídica hurtada a las decenas de miles de familias fotovoltaicas españolas".

Pese a todo, Anpier anunció que solicitará amparo al Tribunal Constitucional, "con las mismas esperanzas y con idénticos temores a los expuestos". La asociación también confía en lograr un fallo favorable del Tribunal de Justicia de la UE aunque estima que la resolución del puede tardar "seis o siete años", como ocurrió con el céntimo sanitario.

Energía eólica

Mientras, el presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Diego Díaz, aseguró ayer que el sector prevé la creación de 20.000 nuevos empleos si se alcanza el objetivo de tener 35.700 megavatios (MW) eólicos instalados en España para 2030. En la inauguración del II Congreso Eólico Español, Díaz subrayó que elevar la capacidad instalada de megavatios eólicos en el país desde los 23.000 actuales a esa cifra en el horizonte de 2030 supondría recuperar todo el empleo destruido en el sector desde 2008.

Las empresas del sector también consideran necesaria una reforma del sistema de subasta de la energía eólica, tras las críticas recibidas por la celebrada el pasado mes de enero y que sirvió para asignar nueva potencia por primera vez desde la moratoria verde, porque muchos de sus elementos son "deficitarios".

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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