Con la llegada de la crisis y el descenso de ingresos en las arcas públicas, el Ministerio de Hacienda intensificó los controles sobre los contribuyentes con campañas específicas para tratar de arañar un euro más en favor del erario público. Una de las primeras fue la que llevó, en el año 2013, a la Agencia Tributaria a pedir a los contrayentes nupciales las facturas de las bodas, incluyendo el banquete, las alianzas, la sastrería y hasta los arreglos florales, para comprobar que no se había pagado en negro.

A esta campaña siguieron otras muchas, si bien unas saltaron a la escena pública con polémica y otras pasaron más inadvertidas. La más controvertida fue la que exigió a los emigrantes retornados a declarar, y también pagar la correspondiente multa, por las pensiones que cobraban del extranjero, a pesar de que en las consultas personales en las oficinas de Hacienda les decían que estaban exentos de tal declaración.

Pero hubo muchas más, como el rastreo en páginas de internet para identificar anuncios de alquiler de pisos turísticos o locales comerciales y luego comprobar que habían declarados esos ingresos; o la exigencia de los contratos de las celebraciones de fiestas patronales para inspeccionar que no se pagaron en negro; o el control de las facturas de más de 3.000 euros pagadas por las comunidades de vecinos por obras o servicios en los inmuebles. Una de las últimas campañas consiste en rastrear las subvenciones públicas que reciben miles de contribuyentes para comprobar que las declaran.