Una de las medidas más habituales de las empresas en concurso de acreedores para reducir gastos es realizar ajustes de plantilla, para lo que muchas veces recurren a expedientes de regulación de empleo (ERE). El hecho de que la mayoría de firmas concursadas carezca de asalariados o cuente con menos de 10 empleados provoca, sin embargo, que el aumento de los afectados por ajustes colectivos sea menor que el de empresas concursadas. Los trabajadores implicados en ERE se duplicaron en 2015 en relación con los registrados antes del comienzo de la crisis (en 2007), al contabilizarse 6.615 durante el año pasado, frente a los 3.155 de ocho años antes, según los datos del Ministerio de Empleo.

Dos tercios de los expedientes aprobados el pasado ejercicio fueron de carácter temporal (de suspensión del contrato), con 4.494 casos. Mientras, 1.089 fueron de extinción (despidos colectivos), el 16% del total, y 1.032 implicaban reducción de jornada, casi otro 16%. En 2007 tres de cada cuatro ERE (2.375 de los 3.155 registrados) eran temporales y el otro 25% despidos colectivos (779), mientras que solo se registró un expediente de reducción de jornada.

En cuanto a si estos ajustes de plantilla fueron pactados o no entre las empresas y los representantes sindicales, el 92% de los afectados del año pasado (6.096) estaban inmersos en ERE cerrados con acuerdo, frente a un 8% (519) que carecía de él. Antes de comenzar la crisis los trabajadores en procesos pactados eran solo el 47% (1.494 de 3.155), frente a un 53% (1.661) de ERE sin acuerdo.