El Gobierno anunció ayer que la próxima subasta de interrumpibilidad eléctrica se celebrará entre finales de octubre y principios de noviembre, según confirmaron fuentes del Ministerio de Industria.

La interrumpibilidad es un producto de gestión de la demanda energética que venden las fábricas que más electricidad consumen y que se activa cuando hay una orden de reducción de potencia por parte de la operadora del sistema en España, Red Eléctrica. Esta reducción se hace a cambio de dinero -la cantidad es la que se determina, precisamente, en la subasta- y supone un ingreso extraordinario, por lo que, en la práctica, abarata la factura y, en consecuencia, también el producto final.

La subasta de la interrumpibilidad eléctrica para 2016 fue convocada, precisamente, hace ya un año "a unos meses de las elecciones", como recordó la Asociación de Empresas de Gran Consumo Eléctrico (AEGE). La puja se produjo en septiembre de 2015 y los privilegios de aquella subasta están vigentes hasta diciembre de este año.

La Orden Ministerial que regula este tipo de subastas explícita que el 15 de octubre de cada año es la fecha límite para habilitar a las fábricas que puedan acceder a la subasta (la puja es cosa de los centros de producción, no de las compañías poseedoras). Esto significa que el Ministerio de Industria vuelve este año a hacer uso de su propia normativa, aunque esta "tardanza" no sea positiva para el desarrollo del sector industrial, como señalan los sindicatos.

Las subastas de interrumpibilidad se idearon hace tres años. Como consecuencia del fiasco de la primera convocatoria, la multinacional Alcoa amenazó con cerrar sus fábricas de A Coruña y Avilés al no haber alcanzado los límites mínimos que ansiaba. La segunda edición se produjo bajo presión sindical y electoral: "No estamos de acuerdo con esta subasta, pero la pueden mejorar", indicaron los trabajadores de la empresa más afectada, la aluminera Alcoa. Y es que la energía eléctrica copa alrededor del 40% de los gastos en materias primas de esta firma, recuerdan la compañía y sus trabajadores.

La tercera convocatoria se hará en el límite, aunque el Gobierno en funciones debe cumplir una serie de requisitos para publicar las bases. El documento de convocatoria debe pasar por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) y también por la empresa Red Eléctrica, que debe determinar cuáles son las fábricas que se pueden presentar a la subasta.

Todavía no se sabe cuántos bloques de megavatios/hora van a salir a subasta, ni el importe. Aunque son las empresas las que ponen en el mercado la interrumpibilidad, es únicamente la Administración del Estado la que puja. El pasado año las autoridades habilitaron centros de producción de pequeño calibre que competían en igualdad de condiciones con los de mayor tamaño.