El comité de empresa de la fábrica coruñesa de Alcoa decidirá en los próximos días si convoca movilizaciones "puntuales y con contundencia" para denunciar la actitud "irresponsable y cómplice" del Gobierno ante la amenaza de venta o cierre que la multinacional aluminera estadounidense ha lanzado sobre sus tres plantas españolas; las de A Coruña y San Cibrao, que en Galicia superan los 1.600 trabajadores y la de Avilés, con otros 400.

Los representantes sindicales de Alcoa denuncian la parálisis del Ejecutivo ante una situación "dramática y de emergencia" para el futuro industrial de Galicia. Tras reunirse ayer con una representación de diputados de En Marea y Podemos, que llevarán el conflicto al Congreso, el comité recordó que en pleno mes de agosto sigue sin existir una fecha para celebrar la subasta de bonificaciones a la factura eléctrica que los grandes consumidores industriales reciben a cambio de estar dispuestos a reducir o cesar su consumo energético en caso de emergencia (interrumpibilidad). Sin esa subasta, que permite a los mayores consumidores eléctricos reducir su recibo de la luz, empresas como Alcoa, entre otras, difícilmente pueden elaborar sus presupuestos y cerrar sus contratos para el próximo año.

Esta situación coincide en el tiempo con los movimientos realizados por la dirección de la multinacional aluminera en los últimos meses para vender o cerrar sus factorías en España a causa de sus elevados costes de producción. El Ministerio de Industria confiaba en convocar la puja de incentivos a finales del verano, pero tal y como ya publicó este diario el mes pasado, ese reparto de primas no llegará antes de octubre, y podría incluso producirse en diciembre, como ya ocurrió en 2014, lo que penaliza la actividad de la industria del aluminio y metalúrgica en general.

"Una empresa como la nuestra no puede estar sin presupuesto en agosto. Tiene que tener una visión en los presupuestos más allá que a tres o cuatro meses vista. Ahora a la empresa el Estado le está dando unos argumentos grandísimos para no hacer nada en las plantas", comentó ayer el presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho, quien opinó que el Gobierno en funciones "se va a convertir en un colaborador indispensable" para que Alcoa tome "una decisión dramática en las plantas", como es el cierre.

La plantilla no entiende la actitud del Gobierno en torno al recibo eléctrico y a la modificación del sistema para grandes consumidores industriales porque la pasada legislatura todos los grupos aprobaron una proposición no de ley en el Congreso para promover estos cambios que el personal de Alcoa demanda desde hace años. "No se entiende qué intereses defiende el Gobierno. Nos están perjudicando gravemente", añade Juan Carlos López Corbacho.

Los trabajadores de Alcoa explican además que la regulación de las subastas se aprobó hace más de un año y que actualmente sólo es necesario que los técnicos del Ministerio de Industria definan los detalles de la convocatoria (número de bloques, precios y volumen de primas a repartir).

Hasta ahora, Red Eléctrica de España (REE), la empresa semipública encargada de operar el sistema eléctrico y de organizar la puja, ha abierto el plazo -hasta el 31 de este mes- para que las empresas interesadas se anoten y acrediten que cumplen los requisitos, pero el Ministerio de Industria todavía tiene que convocarla, lo que demorará su celebración al menos a octubre o noviembre.

La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, que ayer se reunió con el comité de empresa volverá a llevar el conflicto de Alcoa al Congreso para exigir al Gobierno una solución. El grupo pedirá además una reunión con secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y otra con el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde. Precisamente, López Corbacho también censuró la actitud del dirigente autonómico, que se comprometió a mantener una comunicación fluida con la plantilla pero sigue sin darle información. "La Xunta tiene que estar al tanto de la situación actual y no se nos está diciendo nada".

De salir a la calle, la plantilla también protestará contra la empresa, a la que exige que defina su plan industrial y que acuda a la subasta para obtener los incentivos que permitan a la planta de A Coruña aumentar su producción del 70% actual al 100%, lo que supondría aumentar la plantilla. El objetivo es también que la factoría sea atractiva para un comprador industrial.