El Gobierno decretó ayer el cierre contable del ejercicio en la Administración del Estado, lo que supone que a partir de hoy no puede producirse ningún gasto nuevo que no haya sido comprometido anteriormente por la Administración.
De esta medida están a salvo las pensiones, las prestaciones de paro, los salarios, pagos de la deuda, arrendamientos, los contratos de servicios ya adjudicados o las políticas protegidas en la ley y las partidas superiores a 12 millones de euros tendrán que pasar por el Consejo de Ministros. Lo que queda sin cubrir sin embargo son los contratos, subvenciones y convenios que estén sin comprometer hasta ayer.
Hacienda espera que esta medida le suponga un ahorro de 1.000 millones de euros, apremiada por la necesidad de recortar el déficit. Durante los últimos años, el Ministerio de Montoro adelantó el cierre del presupuesto para evitar los departamentos gastasen los remanentes sin emplear, aunque nunca antes se había producido en julio, según adelantó ayer El País.
Los socios de España respaldaron ayer la nueva senda fiscal planteada por la Comisión Europea, que otorga dos años adicionales al país, hasta 2018, para que corrija el déficit, a cambio de un esfuerzo de más de 10.000 millones de euros. Los estados miembros respaldaron así la recomendación de la CE del pasado 27 de julio para España y Portugal, tal y como estaba previsto.
