Las sociedades con las que Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa suministran la electricidad mediante el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) declararon pérdidas de 28,9 millones de euros en 2015, el último en el que, conforme a la nueva regulación y a las sentencias del Tribunal Supremo, debería registrarse insuficiencia de ingresos. En noviembre de 2015, el tribunal falló a favor de las eléctricas y obligó a revisar el margen de cuatro euros anuales por kilovatio (kW) reconocido a las comercializadoras de referencia encargadas de suministrar el precio regulado. A comienzos de junio, obligó al Gobierno a establecer de forma urgente un nuevo método.
